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La Comisión Europea ha intensificado su actuación frente a España por el tratamiento fiscal que reciben determinados contribuyentes acogidos a regímenes especiales, entre ellos eurofuncionarios, impatriados y nómadas digitales. Tras una primera advertencia previa, Bruselas ha remitido ahora un dictamen motivado al Gobierno español en el que concede un plazo de dos meses para adaptar la normativa y corregir lo que considera una situación discriminatoria.
El procedimiento tiene su origen en la denuncia impulsada por el abogado alicantino Víctor Riera, quien durante años detectó este problema en numerosos clientes vinculados especialmente a organismos europeos establecidos en Alicante. Tras las primeras actuaciones, la Comisión Europea ya había mostrado su preocupación por el tratamiento fiscal aplicado a estos contribuyentes, aunque la ausencia de cambios legislativos ha provocado un nuevo paso en el procedimiento.
La Comisión Europea considera que la normativa española podría estar vulnerando principios europeos al impedir que determinados contribuyentes puedan declarar como vivienda habitual el inmueble en el que realmente residen la mayor parte del año. Como consecuencia, estos inmuebles reciben un tratamiento similar al de segundas residencias o propiedades no destinadas al uso habitual.
Según el análisis comunitario, esta situación podría resultar incompatible con el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a la libre circulación de capitales.
Aspecto relevante: Bruselas considera que todos los contribuyentes deberían recibir un tratamiento equivalente respecto a su vivienda habitual, con independencia del régimen fiscal concreto al que estén sujetos.
El conflicto surge porque, en determinados regímenes fiscales especiales, la normativa no permite considerar vivienda habitual el inmueble en el que reside efectivamente el contribuyente. Como consecuencia, en cada declaración se les imputa una renta inmobiliaria que, con carácter general, equivale al 2% del valor catastral del inmueble.
En la práctica, esto significa que una persona puede estar viviendo de forma permanente en una vivienda situada en España y, sin embargo, tributar por ella como si se tratara de una segunda residencia.
Consecuencia práctica: la vivienda donde el contribuyente reside durante la mayor parte del año puede generar una tributación adicional que no soportaría un residente ordinario.
Uno de los colectivos especialmente afectados son los funcionarios de instituciones europeas, como los trabajadores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), cuya sede se encuentra en Alicante. Estos profesionales tributan sus salarios mediante un impuesto europeo, aunque deben declarar en España otros ingresos o bienes que posean en territorio nacional.
También se ven afectados los profesionales acogidos al régimen especial para trabajadores desplazados a España, conocido popularmente como Ley Beckham. Entre ellos se incluyen directivos, emprendedores, investigadores y perfiles altamente cualificados.
Este colectivo se ha ampliado especialmente con la incorporación de los llamados nómadas digitales, profesionales que desarrollan su actividad mediante teletrabajo y que pueden residir en distintos países sin necesidad de estar físicamente vinculados a una sede empresarial concreta.
La Comisión Europea ya había emitido advertencias anteriores dirigidas a España. Posteriormente se presentaron nuevas actuaciones para extender el análisis también a los impatriados, terminando por unificar ambos procedimientos.
Al no haberse producido modificaciones legislativas, Bruselas ha emitido ahora un dictamen motivado, una fase avanzada del procedimiento de infracción europeo que funciona como un requerimiento formal previo a una eventual demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Advertencia: si España no modifica la normativa dentro del plazo establecido, la Comisión Europea podría elevar el asunto ante el TJUE, con las posibles consecuencias jurídicas y económicas que ello puede implicar.
La conocida Ley Beckham fue aprobada en 2005 para facilitar la atracción de talento internacional mediante un régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a España. Aunque inicialmente alcanzó notoriedad por su aplicación a deportistas profesionales, actualmente es utilizada por perfiles mucho más amplios, incluyendo directivos, emprendedores tecnológicos, investigadores o profesionales internacionales.
En los últimos años este régimen ha adquirido una nueva dimensión con el crecimiento de los nómadas digitales y nuevas formas de movilidad laboral, convirtiéndose en una herramienta utilizada para favorecer la llegada de talento cualificado.
El impulso del procedimiento: detrás de esta actuación europea se encuentra el trabajo desarrollado por Víctor Riera, abogado y socio de Riera Consulting. Tras años detectando esta problemática entre clientes vinculados especialmente a organismos europeos, decidió trasladar la cuestión a las instituciones comunitarias. Las actuaciones iniciadas y el seguimiento realizado han terminado situando este debate en el centro del análisis jurídico y fiscal europeo.
La controversia abierta por Bruselas no cuestiona la existencia de la Ley Beckham ni de los incentivos para atraer profesionales internacionales, sino determinados efectos derivados de su aplicación práctica. Entre ellos, el tratamiento de la vivienda habitual, un aspecto que ahora podría obligar a España a revisar su normativa para adecuarla a los principios europeos.
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