Grupo JDA ha obtenido un importante éxito judicial en materia tributaria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado el recurso presentado por el despacho y ha anulado una liquidación tributaria y su correspondiente sanción, lo que supone que la Agencia Tributaria deberá devolver al cliente afectado 1,2 millones de euros, más los intereses de demora correspondientes.
La resolución pone de manifiesto la importancia de respetar los plazos legales y las garantías de los contribuyentes durante los procedimientos de inspección tributaria. Asimismo, refuerza la aplicación del principio non bis in idem, que impide sancionar dos veces por los mismos hechos.
Un resultado judicial de especial relevancia
La actuación del equipo de litigación tributaria de Grupo JDA ha permitido obtener la anulación de la liquidación y de la sanción, con la consiguiente devolución de 1,2 millones de euros al contribuyente afectado, más los intereses de demora.
Una actuación de Hacienda fuera de los plazos legales
El origen del litigio se encuentra en una liquidación tributaria y una sanción que habían sido anuladas previamente por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) debido a defectos formales.
Tras aquella resolución, la Administración debía retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo la irregularidad y continuar el procedimiento respetando los plazos establecidos legalmente.
Sin embargo, según explica Grupo JDA, la Administración tardó más de dos meses en trasladar internamente la resolución al órgano encargado de ejecutarla. A este retraso se añadió el tiempo empleado posteriormente para completar las actuaciones.
En total, transcurrieron 220 días, superando el plazo legal de seis meses aplicable al caso.
El equipo de litigación tributaria de Grupo JDA recurrió la nueva liquidación y la sanción ante el TSJ de Cataluña, argumentando que los retrasos internos de la Administración no podían perjudicar al contribuyente ni ampliar los plazos previstos en la normativa.
Una cuestión determinante
El Tribunal ha respaldado la interpretación defendida por Grupo JDA, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y ha considerado que la organización interna de Hacienda no puede justificar una ampliación de los plazos legales.
La prescripción del derecho de la Administración
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la aplicación de los plazos legales en los procedimientos tributarios y sus efectos sobre la prescripción.
El Tribunal considera que el incumplimiento del plazo establecido para ejecutar la resolución del TEARC tuvo consecuencias directas sobre la validez de las actuaciones posteriores de la Administración.
Como consecuencia, las actuaciones inspectoras perdieron su efecto interruptor de la prescripción y el derecho de la Administración a liquidar el impuesto ya había prescrito cuando se notificó la nueva liquidación.
Este pronunciamiento confirma la importancia de controlar los plazos de ejecución de las resoluciones económico-administrativas y judiciales, especialmente cuando la Administración debe retrotraer actuaciones para subsanar defectos procedimentales.
La importancia de los plazos tributarios
Los retrasos internos de la Administración no pueden trasladarse automáticamente al contribuyente. El incumplimiento de los plazos legalmente establecidos puede determinar la prescripción del derecho a liquidar y la anulación de las actuaciones realizadas.
El principio non bis in idem y la anulación de la sanción
La sentencia también aborda una segunda cuestión de especial relevancia: la prohibición de iniciar un nuevo procedimiento sancionador por unos hechos que ya habían sido objeto de una sanción anulada.
En este caso, Hacienda no se limitó a adaptar el importe de la sanción inicialmente impuesta, sino que inició nuevas actuaciones inspectoras y tramitó otro procedimiento sancionador.
El TSJ de Cataluña considera que esta actuación vulneró las garantías derivadas del principio non bis in idem, que impide sancionar nuevamente a un contribuyente por los mismos hechos.
La resolución se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, particularmente en las siguientes sentencias:
- Sentencia 42/2024, de 15 de enero.
- Sentencia 927/2025, de 7 de julio.
- Sentencia 975/2025, de 15 de julio.
De acuerdo con esta doctrina, cuando una sanción tributaria es anulada como consecuencia de la anulación de la liquidación de la que deriva, la Administración no puede iniciar otro procedimiento sancionador por los mismos hechos.
Únicamente puede adaptar su cuantía mediante un acto de estricta ejecución, cuando resulte procedente.
Por tanto, el Tribunal concluye que la nueva sanción debía anularse incluso aunque no se hubiera producido la prescripción de la liquidación.
El principio non bis in idem
La Administración no puede abrir un nuevo procedimiento sancionador por los mismos hechos cuando ello suponga vulnerar la prohibición de doble sanción. Esta garantía constituye uno de los elementos esenciales del derecho administrativo sancionador.
Una sentencia relevante para la defensa de los contribuyentes
Más allá de la importante cuantía económica recuperada, esta resolución constituye un pronunciamiento de interés para empresas y contribuyentes que se enfrentan a procedimientos de comprobación e inspección tributaria.
El caso evidencia que el cumplimiento de los plazos administrativos y el respeto a las garantías procedimentales pueden resultar determinantes para la validez de una liquidación o sanción.
También pone de relieve la importancia de analizar no solo el fondo de las regularizaciones tributarias, sino también la forma en que la Administración desarrolla sus actuaciones.
La superación de los plazos legales, los retrasos injustificados en la ejecución de resoluciones y la apertura de nuevos procedimientos sancionadores pueden tener consecuencias jurídicas relevantes.
En este sentido, la sentencia refuerza la necesidad de examinar cuidadosamente las actuaciones administrativas y comprobar que se han respetado todos los requisitos legales exigibles.
Grupo JDA refuerza su trayectoria en litigación tributaria
Con este resultado, Grupo JDA suma un nuevo éxito en la defensa de los intereses de sus clientes frente a la Administración tributaria.
La actuación de su equipo de litigación tributaria ha permitido obtener la anulación de una liquidación y de su correspondiente sanción, con un resultado económico de especial relevancia para el contribuyente afectado.
El caso refleja la importancia de contar con asesoramiento especializado en procedimientos tributarios complejos, especialmente cuando intervienen cuestiones relacionadas con la prescripción, la ejecución de resoluciones y las garantías sancionadoras.
Para Grupo JDA, esta sentencia supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por sus profesionales y a su capacidad para abordar litigios tributarios en los que el análisis técnico y procesal resulta decisivo.
Un nuevo éxito judicial para Grupo JDA
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pone de relieve el valor de la especialización en litigación tributaria y la importancia de defender las garantías de los contribuyentes frente a las actuaciones de la Administración.
Fuente: Grupo JDA.
