Nuevas bajas laborales y cambios en la Seguridad Social 2026

La Seguridad Social amplía los derechos de trabajadores, autónomos y familias mediante nuevas medidas relacionadas con las bajas laborales, las cotizaciones y el acceso a determinadas pensiones.

El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de octubre, introduce nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal, mejora las prestaciones destinadas al cuidado de personas con enfermedades graves y modifica las condiciones de acceso a determinadas pensiones.

Esta reforma de la Seguridad Social afecta a trabajadores, autónomos, empresas y familias, incorporando medidas de protección social y cambios en distintos aspectos de la normativa laboral.

Entre las principales novedades destacan las nuevas bajas laborales, las modificaciones en la cotización de los autónomos, la ampliación de los derechos de las familias cuidadoras y la flexibilización de los requisitos para acceder a la pensión de viudedad en determinadas parejas de hecho.

Aunque la norma entró en vigor el 21 de octubre de 2026, algunas de sus medidas comenzarán a aplicarse en fechas posteriores.

Nuevas bajas laborales por trastornos menopáusicos y violencia de género

Una de las novedades más relevantes de la reforma es el reconocimiento de dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal.

La primera se refiere a las personas que padezcan una patología limitante derivada de un trastorno menopáusico secundario, siempre que exista asistencia sanitaria y que dicha situación impida desarrollar su actividad laboral.

La segunda contempla las lesiones derivadas de situaciones de violencia de género, en los términos establecidos por la normativa.

En ambos supuestos, no será necesario acreditar un periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación.

Sin embargo, esto no implica que cualquier síntoma relacionado con la menopausia dé lugar automáticamente a una baja laboral. Será necesario que exista una situación médica que justifique la incapacidad para trabajar.

¿Cómo se cobrarán estas bajas?

La reforma también introduce modificaciones en determinadas reglas de cálculo y abono de las prestaciones por incapacidad temporal.

En las situaciones especiales reguladas por la norma, la empresa deberá abonar el salario íntegro correspondiente al día de la baja.

El subsidio comenzará a percibirse desde el día siguiente, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que corresponda.

Asimismo, se modifica el periodo de referencia utilizado para calcular la base reguladora de la prestación.

Como regla general, se tomará la base de cotización del segundo mes anterior al de la baja, con determinadas excepciones previstas legalmente.

Estas modificaciones comenzarán a producir efectos el 1 de diciembre de 2026.

Los autónomos tendrán nuevas reglas para regularizar sus cotizaciones

La reforma incorpora también cambios importantes para los trabajadores por cuenta propia.

Actualmente, las cotizaciones de los autónomos se regularizan en función de los rendimientos netos obtenidos, teniendo en cuenta las reglas y exclusiones previstas en la legislación.

Con la nueva regulación, se amplían los periodos cuyas bases de cotización quedan excluidas de la regularización cuando se ha reconocido una prestación.

El objetivo de esta modificación es evitar que determinadas bases utilizadas o relacionadas con el cálculo de prestaciones sean revisadas posteriormente como consecuencia de la regularización anual.

Un ejemplo práctico

Imaginemos que un autónomo inicia una baja médica en abril y que, conforme a las reglas aplicables, su prestación se calcula utilizando la base de cotización de febrero.

Con la nueva normativa, y siempre que se cumplan los requisitos legales, la exclusión de la regularización podrá extenderse también a las bases de marzo y abril.

Esta modificación producirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

Por ello, será importante revisar las situaciones de incapacidad temporal y otras prestaciones antes de efectuar las regularizaciones de cotización correspondientes.

Más derechos para las familias que cuidan de personas con enfermedades graves

Otra de las principales novedades afecta a las familias que necesitan reducir su jornada laboral para cuidar de hijos o personas a su cargo afectados por cáncer u otras enfermedades graves.

Hasta ahora, uno de los requisitos fundamentales para acceder a esta prestación era la necesidad de hospitalización y cuidado directo, continuo y permanente.

La reforma amplía la protección a determinadas situaciones asimiladas a la hospitalización, que deberán concretarse reglamentariamente.

Esta modificación permitirá contemplar tratamientos médicos de especial intensidad que no requieren necesariamente un ingreso hospitalario convencional.

No obstante, la ampliación no significa que cualquier tratamiento ambulatorio permita acceder automáticamente a la prestación.

La prestación podrá prolongarse más allá de los 26 años

La nueva regulación contempla la posibilidad de mantener excepcionalmente la protección después de que la persona enferma cumpla 26 años.

Esta ampliación podrá aplicarse cuando exista una discapacidad igual o superior al 65 % o una situación de dependencia de grado III.

Para acceder a esta protección deberán mantenerse los restantes requisitos legales, especialmente los relacionados con la convivencia y la necesidad de cuidado.

Ambos progenitores podrán cobrar simultáneamente la prestación

Una de las modificaciones más significativas es la posibilidad de que ambas personas cuidadoras puedan acceder simultáneamente a la prestación para atender a una misma persona enferma.

En estos casos, cada beneficiario percibirá un subsidio equivalente al 50 % de su propia base reguladora, con independencia del porcentaje concreto de reducción de jornada.

También se contemplan situaciones en las que ambas personas cuidadoras necesitan atender a familiares enfermos distintos dentro de una misma unidad familiar.

Estas medidas tienen como finalidad facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y favorecer un reparto más equilibrado de las responsabilidades de cuidado.

Cambios en la reducción de jornada laboral

La reforma modifica igualmente el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, que regula determinados derechos de reducción de jornada por motivos familiares.

Entre las novedades destaca la ampliación excepcional de este derecho en los supuestos de enfermedad grave, discapacidad o dependencia previstos legalmente.

También se reconoce expresamente la posibilidad de que ambas personas cuidadoras ejerzan simultáneamente el derecho a reducir su jornada para atender a una misma persona enferma.

Además, se elimina la previsión anterior que permitía a la empresa limitar, por razones justificadas de funcionamiento, el ejercicio simultáneo de este derecho cuando ambas personas trabajaban en la misma empresa.

Estas modificaciones son aplicables desde el 23 de octubre de 2026.

Para las empresas, será especialmente importante revisar sus procedimientos internos de solicitud y gestión de las reducciones de jornada.

Más facilidades para acceder a la pensión de viudedad en parejas de hecho

La reforma introduce también una modificación relevante para determinadas parejas de hecho que tienen hijos en común.

Hasta ahora, la acreditación formal de la pareja mediante inscripción registral o documento público podía representar un obstáculo para acceder a la pensión de viudedad.

Con la nueva regulación, cuando existan hijos comunes no será necesario acreditar la inscripción en un registro de parejas de hecho ni su constitución mediante documento público.

En estos supuestos deberá demostrarse una convivencia estable y notoria durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.

Es importante señalar que esta flexibilización no elimina los restantes requisitos exigidos para acceder a la pensión.

¿Qué ocurre con los fallecimientos anteriores?

La norma contempla igualmente una vía excepcional para solicitar la pensión de viudedad en determinados casos en los que el fallecimiento se produjo antes de la reforma.

Las personas que cumplan los requisitos establecidos dispondrán de un plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley para presentar la solicitud correspondiente.

Cuando proceda su reconocimiento, los efectos económicos comenzarán el primer día del mes siguiente al de la solicitud.

Por ello, las personas que anteriormente no pudieron acceder a esta pensión deberían revisar si su situación se encuentra comprendida en los nuevos supuestos previstos por la normativa.

Mayor protección para los huérfanos por violencia contra la mujer

La reforma refuerza también la protección económica de los hijos e hijas de mujeres fallecidas como consecuencia de situaciones de violencia contra la mujer.

La nueva regulación establece una cuantía equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente para la prestación de orfandad correspondiente y fija ese importe como mínimo mensual en los supuestos de pensión de orfandad contemplados por la norma.

Cuando exista más de una persona beneficiaria, el importe conjunto estará sujeto al límite legal establecido, por lo que no corresponde automáticamente esa cuantía íntegra a cada hijo o hija.

Además, se amplían determinados supuestos de protección relacionados con la situación familiar de las personas huérfanas.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas medidas?

Aunque el Real Decreto-ley entró en vigor el 21 de octubre de 2026, conviene distinguir las diferentes fechas de aplicación de las principales novedades.

¿Qué deben tener en cuenta empresas, autónomos y trabajadores?

Esta reforma introduce cambios que pueden tener consecuencias importantes en la gestión de las relaciones laborales y en el acceso a determinadas prestaciones de la Seguridad Social.

Las empresas deberán prestar especial atención a las nuevas reglas de incapacidad temporal y a las solicitudes de reducción de jornada por cuidado de familiares.

Los autónomos tendrán que considerar las modificaciones introducidas en la regularización de sus cotizaciones, especialmente cuando hayan percibido prestaciones durante el ejercicio.

Por su parte, las familias cuidadoras y las personas que anteriormente no pudieron acceder a determinadas pensiones deberían comprobar si pueden beneficiarse de las nuevas medidas.

Es recomendable analizar cada situación de forma individual, ya que el reconocimiento de estos derechos depende del cumplimiento de requisitos específicos y, en determinados casos, de plazos de solicitud que deben respetarse.

Una correcta planificación y un asesoramiento especializado pueden resultar fundamentales para aprovechar las nuevas medidas de protección social y evitar incidencias en su aplicación.