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Se ha producido un avance relevante en materia de fiscalidad internacional que podría tener un impacto directo en numerosos contribuyentes residentes en España, especialmente en aquellos vinculados a instituciones europeas o acogidos a regímenes fiscales especiales.
La Comisión Europea ha remitido un dictamen motivado al Reino de España en el que exige modificar el tratamiento fiscal aplicable a la vivienda habitual de determinados colectivos.
La Comisión Europea solicita que se deje de gravar la vivienda habitual de funcionarios europeos y de contribuyentes acogidos al régimen de impatriados cuando residen efectivamente en territorio español.
El origen de este procedimiento se remonta al año 2020, cuando se detectó una posible incompatibilidad entre la normativa tributaria española y el Derecho de la Unión Europea. Tal y como explica Víctor Riera, la Administración tributaria española ha venido negando la consideración de vivienda habitual a inmuebles ocupados por funcionarios de la Unión Europea destinados en España, basándose en que estos mantienen su residencia fiscal en su país de origen.
Esta interpretación ha supuesto, en la práctica, la tributación por imputación de rentas inmobiliarias, así como la imposibilidad de acceder a determinados beneficios fiscales.
Tras varios años de análisis, la Comisión Europea ha concluido que este criterio podría vulnerar los principios de libre circulación y no discriminación dentro de la Unión. Por ello, ha otorgado a España un plazo de dos meses para adaptar su normativa.
En caso contrario, el asunto podría ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Lo que está en juego no se limita a la imputación de rentas inmobiliarias, sino que alcanza a beneficios fiscales relevantes vinculados a la vivienda habitual.
Las implicaciones de este procedimiento son amplias. No solo afecta a la imputación de rentas inmobiliarias, sino también a beneficios clave del sistema tributario español, como la exención por reinversión en vivienda habitual en el IRPF, la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio o las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El colectivo afectado incluye a funcionarios y agentes de la Unión Europea destinados en España, miembros de misiones diplomáticas europeas y contribuyentes acogidos al conocido como régimen Beckham.
En muchos casos, se trata de personas que han desarrollado su vida profesional y personal en España durante años, pero que, a efectos fiscales, han sido tratadas de forma distinta al resto de residentes.
Desde Riera Consulting, su socio Víctor Riera ha manifestado su satisfacción por este avance, destacando que se trata de una cuestión en la que ha trabajado intensamente durante años.
Según señala, este paso supone un reconocimiento a una problemática que afectaba a muchos contribuyentes y abre la puerta a una corrección normativa alineada con el Derecho de la Unión Europea.
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