Víctor Riera, de Riera Consulting logra que Bruselas ponga coto a la discriminación fiscal de los funcionarios europeos

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por vulnerar la normativa comunitaria en el tratamiento fiscal a los trabajadores de las instituciones europeas residentes en nuestro país. La decisión llega tras la denuncia del abogado alicantino Víctor Riera, quien ha liderado esta reclamación al considerar que el sistema fiscal español contraviene la libre circulación de personas y capitales dentro de la Unión.

El origen del conflicto está en la negativa de la Agencia Tributaria a considerar como «vivienda habitual» el único inmueble en el que residen estos profesionales —no residentes fiscales por imperativo del Derecho comunitario—, lo que les obliga a tributar más que un ciudadano español en las mismas circunstancias. Una distorsión que afecta, especialmente, a los más de 1.400 trabajadores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, así como a personal de otros organismos de la UE en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo o Bilbao.

Una discriminación que afecta a vivienda e IRPF
La denuncia se fundamenta en que, debido a su estatus de no residentes —establecido en el Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión—, estos trabajadores no pueden declarar su casa en España como su vivienda habitual. En consecuencia, están obligados a imputarse en su declaración de IRPF un 2 % del valor catastral de dicha vivienda como si se tratara de una segunda residencia, algo que no ocurre con los residentes fiscales españoles cuando se trata de su primera vivienda.

El perjuicio se agrava en caso de venta del inmueble, ya que tampoco pueden acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual, debiendo tributar más de un 20 % sobre la ganancia patrimonial, aunque el destino del dinero sea la compra de una nueva casa familiar.

Un procedimiento iniciado desde Alicante
Víctor Riera, doctor en Derecho Financiero y Tributario y CEO de Riera Consulting, ha sido el impulsor de esta iniciativa tras atender durante años a numerosos trabajadores de la EUIPO afectados por esta situación. De hecho, centró en esta problemática su tesis doctoral y ha documentado numerosos casos en los que la Agencia Tributaria, pese a no emitir resoluciones formales, ha devuelto las cantidades reclamadas, evidenciando —en su opinión— que son conscientes de la irregularidad, aunque sin voluntad de corregirla oficialmente.

«La normativa fiscal española está generando una discriminación injustificada hacia quienes trabajan al servicio de la Unión», sostiene Riera. El procedimiento abierto ahora por Bruselas obliga al Estado español a justificar su actuación o corregirla, so pena de ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Un impacto que va más allá del derecho tributario
La resolución de este conflicto tiene implicaciones directas en la competitividad de España como sede de instituciones europeas. Solo la EUIPO genera un impacto económico superior a los 450 millones de euros anuales en la provincia de Alicante, según datos recientes. La seguridad jurídica y el tratamiento fiscal equitativo son factores clave para mantener y atraer talento europeo a estas sedes.

El caso Riera podría marcar un antes y un después en la defensa de los derechos fiscales de los funcionarios europeos en España. Y ahora, con el respaldo formal de la Comisión Europea, el Gobierno español deberá responder por una situación que llevaba años silenciada.