El Tribunal Supremo fija que las empresas no pueden despedir disciplinariamente a los trabajadores sin abrir trámite de “audiencia previa”

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 18 de noviembre de 2024, ha resuelto que el empleador debe permitir al trabajador defenderse de los cargos que se le imputan antes de proceder a un despido disciplinario. Esta decisión se basa en la aplicación directa del artículo 7 del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1982, en vigor en España desde 1986.

Según informa la página web del Poder Judicial, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, reunida en Pleno y por unanimidad, dictó la sentencia (recurso de casación para la unificación de doctrina 4735/2023), introduciendo un cambio significativo en su doctrina, vigente desde la década de los ochenta. Este cambio se justifica por la evolución del marco normativo español, incluyendo la Ley de Tratados Internacionales, la doctrina constitucional y la calificación del despido, así como por la inaplicabilidad de la norma más favorable de forma global.

El Convenio núm. 158 de la OIT establece la necesidad de ofrecer al trabajador una audiencia previa al despido, salvo que dicha exigencia no sea razonablemente viable para el empleador. La Sala Cuarta ha considerado que en el caso concreto, la empresa estaba respaldada por una doctrina jurisprudencial previa que la eximía de cumplir este requisito, siendo razonable que no lo aplicara en su momento.

Por tanto, el Tribunal Supremo ha determinado que este cambio doctrinal solo será aplicable a los despidos disciplinarios efectuados con posterioridad a la publicación de la sentencia.

Fuente: Poder Judicial

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