Según datos de las distintas fiscalías acumulados y proporcionados por la Fiscalía General del Estado a día de hoy (sin contar las que acabaron archivadas al no apreciarse delito) las investigaciones penales abiertas a residencias geriátricas por el ministerio público llegan a 109, a las que hay que sumar 12 procedimientos que ya se han incoado formalmente en juzgados.
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