Desde la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las empresas se han visto abocadas a lidiar con las restricciones de la libertad de circulación de los ciudadanos derivada de esta situación a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o “ERTE” habiéndose llegado a tramitar más de 250 mil de ERTES en territorio español durante la vigencia del Estado de Alarma.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una campaña intensificando la detección de posibles irregularidades o fraudes en los ERTE, respecto a hechos de los que se deduzca fraude en el cobro de prestaciones por desempleo, o cualquier otro tipo de fraude vinculado a ERTE:
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