Una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece un criterio con importantes efectos prácticos en los procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria. Cuando una sociedad ha sido liquidada y extinguida, la Agencia Tributaria no puede dirigirse directamente contra el administrador. Antes debe reclamar la deuda a los socios que han sucedido legalmente a la sociedad.
El modo en que la Administración tributaria debe reclamar una deuda cuando una sociedad ya ha sido disuelta y liquidada ha sido aclarado por el Tribunal Supremo mediante la sentencia nº 764/2026, de 18 de junio. Esta resolución fija un criterio que afecta tanto a administradores como a socios, al determinar el procedimiento que debe seguir Hacienda antes de iniciar una derivación de responsabilidad.
Hasta ahora coexistían distintas interpretaciones sobre si la Administración podía reclamar directamente al administrador o si, con carácter previo, debía dirigirse contra los socios que suceden a la sociedad extinguida. El Alto Tribunal resuelve definitivamente esta cuestión y establece un orden de actuación que deberá respetarse.
Cuando una sociedad desaparece jurídicamente tras su liquidación, las obligaciones tributarias pendientes no se extinguen. La Ley General Tributaria establece que dichas deudas se transmiten a los socios dentro de los límites previstos legalmente.
En consecuencia, desde el momento en que la sociedad deja de existir, los socios pasan a ocupar la posición del antiguo obligado tributario. La Administración debe continuar frente a ellos el procedimiento recaudatorio previsto por la normativa.
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que el Tribunal Supremo considera que Hacienda no puede acudir directamente contra el administrador mediante una derivación de responsabilidad subsidiaria. Antes deberá exigir el pago a los socios sucesores y solo si ese mecanismo resulta insuficiente podrá plantearse la responsabilidad del administrador.
Según el Tribunal, actuar de otra forma supondría desconocer el sistema de sucesión previsto expresamente por la Ley General Tributaria.
La resolución también aclara la diferencia entre dos figuras que con frecuencia se confunden. Los socios son sucesores de la sociedad extinguida, ya que asumen determinadas obligaciones tributarias porque así lo establece la ley cuando desaparece la persona jurídica.
Por su parte, el administrador únicamente responde como responsable subsidiario cuando concurren los requisitos legales. Se trata de figuras distintas, sometidas a un régimen jurídico y a procedimientos diferentes.
El Tribunal Supremo también destaca la importancia de preservar las garantías del administrador. Si Hacienda pudiera reclamarle directamente sin haber actuado antes contra los socios, quedarían desvirtuados derechos tan relevantes como el beneficio de excusión propio de la responsabilidad subsidiaria.
Asimismo, el administrador podría ver dificultado su derecho a reclamar posteriormente al verdadero deudor las cantidades abonadas. El Tribunal advierte igualmente del riesgo de que una misma deuda pudiera reclamarse tanto a los socios como al administrador.
La sentencia incorpora además una importante precisión respecto de las sanciones tributarias. Aunque la normativa contempla determinados supuestos de transmisión a los sucesores, el Tribunal recuerda que las sanciones deben interpretarse respetando los principios constitucionales de culpabilidad y personalidad.
Por ello, su transmisión no puede producirse de manera automática, sino que exige valorar las circunstancias concretas de cada caso.
La sentencia establece una doctrina jurisprudencial que servirá de referencia para los futuros procedimientos de derivación de responsabilidad.
Las sociedades inmersas en procesos de liquidación, así como sus socios y administradores, deberían revisar cualquier procedimiento de derivación de responsabilidad teniendo en cuenta esta nueva doctrina del Tribunal Supremo.
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