El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo clave, estableciendo que las empresas deben notificar a los empleados temporales sobre las razones de su despido o la finalización de su contrato con antelación, alineándose así con los derechos de los trabajadores fijos. Este requisito es fundamental para no infringir el derecho a la tutela judicial efectiva, permitiendo a los trabajadores temporales la posibilidad de impugnar despidos que consideren injustificados.
En el contexto español, cuando finaliza un contrato temporal, el empleado recibe una compensación de doce días por cada año trabajado en la empresa, calculada de manera proporcional si el periodo es menor a un año. Si se supera la duración máxima del contrato temporal y el empleado sigue trabajando en la empresa sin que haya una comunicación de finalización por ninguna de las partes, el contrato se renueva automáticamente a un contrato indefinido. Esto implica que, a menos que se demuestre lo contrario, se presume que el contrato se ha extendido de forma tácita a un acuerdo permanente.
El Tribunal subraya que el objetivo del Acuerdo Marco de la UE sobre trabajo temporal es elevar la calidad del empleo temporal, asegurando el principio de no discriminación. Se recuerda además que el derecho a una tutela judicial efectiva es un derecho fundamental recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La decisión aclara que la simple temporalidad de un empleo no justifica un trato menos favorable para los trabajadores con contratos de duración determinada. Aunque los contratos temporales ofrecen flexibilidad, los empleadores deben justificar los motivos de terminación del contrato laboral. Por ello, el Tribunal europeo señala que informar sobre las causas del despido no compromete la flexibilidad de estos contratos.
Como resultado, los tribunales nacionales de los países miembros de la UE deben abstenerse de aplicar cualquier legislación nacional que contravenga esta directriz comunitaria, especialmente cuando no puedan interpretar la ley nacional de manera coherente con las normativas de la UE. En esencia, los tribunales deben resolver disputas entre empleadores y empleados conforme a la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, y sus sentencias deben servir de doctrina en futuras decisiones judiciales sobre el mismo tema dentro del territorio de la Unión.
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