Más de una vez nos vemos envueltos en conflictos, ya sea por cuestiones mercantiles o laborales, entre otras y a la hora de probar nuestros derechos no siempre contamos con documental respaldatoria que nos permitan resolver fácilmente la cuestión.
En la prestación de servicios jurídicos existen principalmente dos motivos por los que un cliente acude a un profesional de la abogacía.
La primera es el asesoramiento legal preventivo, como puede ser la elaboración y/o revisión de contratos o las consultas jurídicas vinculadas a evitar cualquier clase de litigio futuro. Mientras que la segunda posibilidad se produciría a través del asesoramiento legal resolutivo una vez iniciado el conflicto entre las partes que requiere la actuación del abogado, bien de forma judicial o extrajudicial.
Hoy nos vamos a centrar en este segundo motivo, que reviste cierta complejidad, en la mayoría de los casos, por la ausencia de conocimiento fáctico que ha originado el conflicto.
En muchas ocasiones no existe contrato o acuerdo base de las relaciones jurídicas celebradas y en otras hay ausencia de comunicaciones, lo que puede llegar a ser contraproducente para los intereses del cliente.
Lo primero que tenemos que tener claro es que el abogado necesita todos los medios al alcance del cliente para entender las premisas que han llevado a solicitar sus servicios.
Los acuerdos, los contratos, las comunicaciones y la documentación inherente a los procesos de contratación (orden de pedido, carta de porte, albarán de entrega, solicitud de encargo o quejas a través de móvil como pudiera ser la aplicación WhatsApp) son elementos necesarios para conocer las vicisitudes que han llevado al conflicto. Pero, además, estos elementos constituirán prueba del derecho que aleguemos eventualmente ante un Juzgado o Corte Arbitral y, por tanto, los mismos servirán de base para que un juez o árbitro estime la pretensión que invocamos. Todo ello porque el procedimiento judicial o arbitral que iniciemos eventualmente será estimado por una cuestión de prueba.
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