Equilibrio entre la libre competencia y la garantía de los derechos de las personas trabajadoras desplazadas
La nueva norma velará por el equilibrio entre la libre competencia y la garantía de los derechos de las personas trabajadoras desplazadas. Será obligatoria la aplicación de la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida a los desplazamientos superiores a 12 meses. Se establece el principio de igualdad de remuneración y de trato entre personas trabajadoras desplazadas cedidas por ETT y las de la empresa usuaria del Estado de acogida. La aplicación de los convenios sectoriales se amplía a todas las personas desplazadas, y no solo a las que trabajan en el sector de la construcción.
Le informamos que en el BOE del día 28 de abril se ha publicado el Real Decreto-ley 7/2021, (en adelante, RDL 7/2021) que contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 2020. Entre las principales novedades encontramos la determinación de la aplicación de la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida a los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga).
Dos son las razones que se aducen para llevarlo a cabo por la vía de urgencia. Por una parte, la conclusión el pasado 30 de julio de 2000 del plazo de trasposición, lo que ha provocado la apertura por la Comisión Europea de un procedimiento de infracción. Por otra parte, la necesidad de evitar la competencia desleal y el dumping social respecto a empresas y personas trabajadoras españolas, así como la de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras desplazadas a España, en particular, en sectores especialmente afectados por la transmisión del COVID-19 como el agroalimentario (especialmente por lo que afecta a las personas trabajadoras transfronterizas y temporeras).
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