Recibir una comunicación de Hacienda no significa necesariamente que se haya cometido una infracción ni que vaya a imponerse una sanción.
La Agencia Tributaria puede iniciar diferentes procedimientos para comprobar que las declaraciones y las obligaciones fiscales se han cumplido correctamente. El primer paso consiste en identificar qué procedimiento se ha iniciado, a qué impuestos y períodos afecta y qué documentación se requiere.
Actuar con rapidez y organización es fundamental. Antes de responder, conviene analizar el alcance de la comunicación y comprobar que la documentación aportada sea completa, coherente y se ajuste exactamente a lo solicitado. A continuación, explicamos qué puede suceder y cómo deben actuar las pymes y los autónomos.
Una comunicación de Hacienda no implica automáticamente una sanción
Es importante identificar el procedimiento tributario, comprobar los plazos de respuesta y revisar la documentación antes de presentarla ante la Agencia Tributaria.
Índice de contenidos
No. Muchas comunicaciones que habitualmente se denominan inspecciones corresponden, en realidad, a otros procedimientos tributarios.
La Agencia Tributaria puede iniciar un requerimiento de información, una verificación de datos, una comprobación limitada o un procedimiento inspector.
Identificar correctamente el procedimiento es esencial, ya que los plazos, las facultades de la Administración y las posibilidades de respuesta varían según el caso.
La Agencia Tributaria puede solicitar datos, antecedentes, justificantes o documentos que tengan trascendencia tributaria.
Este procedimiento se utiliza para aclarar discrepancias o comprobar determinados datos incluidos en las declaraciones tributarias.
Permite revisar determinados elementos de una obligación tributaria. Puede finalizar mediante resolución, por caducidad o dando lugar a un procedimiento inspector.
Con carácter general, su plazo máximo de resolución es de seis meses.
Tiene un alcance más amplio y permite comprobar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La primera comprobación
Antes de responder a Hacienda, debe identificarse el procedimiento iniciado, porque los plazos, las facultades administrativas y las opciones de defensa no son iguales en todos los casos.
No existe una lista pública de circunstancias que provoquen automáticamente una inspección tributaria.
La Agencia Tributaria puede actuar a partir de la información incluida en las declaraciones, de discrepancias con datos facilitados por terceros, de información obtenida en otras actuaciones, de operaciones con relevancia tributaria o de los controles previstos en sus planes de actuación.
En la práctica, numerosos procedimientos de control comienzan cuando existen datos, propios o procedentes de terceros, que la Administración considera necesario contrastar.
Por tanto, no responden a un algoritmo público y cualquier relación cerrada de supuestos que supuestamente desencadenan una inspección debe interpretarse con cautela.
El procedimiento inspector se inicia de oficio. Habitualmente comienza mediante una comunicación notificada al contribuyente, en la que se indica el alcance de las actuaciones y la documentación requerida.
La normativa también permite que, cuando resulte procedente, la inspección comience mediante una personación en la empresa sin comunicación previa.
Al recibir una notificación, conviene revisar detenidamente los siguientes aspectos:
La normativa contempla la posibilidad de personación sin comunicación previa en empresas, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes cuando resulte conveniente para la adecuada realización de las actuaciones.
No obstante, es importante diferenciar entre la entrada en locales de negocio y el acceso a espacios constitucionalmente protegidos.
Para acceder a un domicilio constitucionalmente protegido se requiere el consentimiento del titular o una autorización judicial.
Por tanto, una actuación sin aviso previo no es necesariamente inválida, pero tampoco elimina los derechos que corresponden a la empresa.
Entrada en el domicilio constitucionalmente protegido
La entrada en un espacio constitucionalmente protegido requiere el consentimiento de su titular o la correspondiente autorización judicial.
La Inspección puede examinar documentos con trascendencia tributaria, entre ellos libros y registros contables, contabilidad principal y auxiliar, facturas, justificantes, ficheros, bases de datos, registros informáticos y documentación vinculada con las operaciones comprobadas.
En el caso de una pyme o un autónomo, esta documentación puede incluir:
Es recomendable revisar y ordenar previamente la documentación para garantizar que responde a lo solicitado por la Administración.
Los primeros pasos deben basarse en la organización y el método, evitando las respuestas improvisadas.
Antes de contestar, es importante comprender exactamente qué comunicación se ha recibido y contrastar la documentación con las declaraciones tributarias presentadas.
Cómo actuar ante una inspección
Leer la notificación completa, identificar su alcance, respetar los plazos y revisar las declaraciones y los documentos antes de responder son actuaciones fundamentales para afrontar correctamente el procedimiento.
Según el artículo 150 de la Ley General Tributaria, el procedimiento inspector tiene, con carácter general, una duración de 18 meses.
Este plazo puede ampliarse a 27 meses cuando concurra alguna de las circunstancias previstas legalmente, como que la cifra anual de negocios determine la obligación de auditar las cuentas, la pertenencia a determinados grupos fiscales o ciertas comprobaciones específicas.
El plazo se computa desde la notificación del inicio del procedimiento hasta la notificación de su resultado.
En la comunicación inicial debe informarse del plazo aplicable. Además, el cómputo puede verse afectado por determinadas causas de suspensión y extensión previstas en la normativa.
Duración de una inspección de Hacienda
18 meses: plazo general del procedimiento inspector.
27 meses: plazo aplicable en determinados supuestos establecidos legalmente.
Con carácter general, el plazo de prescripción tributaria es de cuatro años.
Sin embargo, existen determinados elementos que pueden ser objeto de comprobación durante períodos más amplios.
Por ejemplo, la comprobación de las bases imponibles negativas puede alcanzar los diez años.
Por ello, el alcance temporal de las actuaciones debe analizarse teniendo en cuenta el impuesto y la cuestión concreta que se está revisando.
La afirmación de que Hacienda únicamente puede revisar cuatro años constituye una simplificación, ya que, aunque esa sea la regla general, existen excepciones.
El contribuyente no ocupa una posición pasiva durante una inspección. Se trata de un procedimiento regulado que reconoce derechos específicos.
Entre ellos se encuentran:
En los procedimientos de comprobación limitada, la propia comunicación de inicio debe informar sobre la naturaleza y el alcance de las actuaciones, así como sobre los derechos y obligaciones del contribuyente.
La detección de una diferencia o irregularidad no implica automáticamente la imposición de una sanción.
La Administración puede formular una propuesta de regularización, practicar una liquidación y exigir intereses de demora o recargos cuando proceda.
Sin embargo, una sanción únicamente puede imponerse cuando concurren los requisitos establecidos por la normativa tributaria.
Es importante distinguir ambos conceptos:
Regularización y sanción no son lo mismo
La existencia de una liquidación tributaria no supone necesariamente que deba imponerse una sanción. Para sancionar deben concurrir los requisitos legales correspondientes.
El procedimiento inspector se documenta mediante actas, que la Ley General Tributaria clasifica en tres modalidades según su tramitación.
El acta no pone fin por sí sola al procedimiento, que concluye con la notificación de la liquidación correspondiente.
El contribuyente acepta la propuesta de regularización formulada por la Inspección.
Cuando proceda, esta modalidad puede dar lugar a una reducción de la sanción, con carácter general, del 30 %.
Se produce cuando el contribuyente no suscribe el acta o manifiesta su desacuerdo, total o parcial, con la propuesta de regularización.
Es un supuesto especial en el que la Administración y el contribuyente alcanzan un acuerdo en las condiciones legalmente previstas.
Cuando proceda, puede implicar una reducción de la sanción, con carácter general, del 65 %.
Sí. Dependiendo del momento del procedimiento y del acto administrativo recibido, pueden existir diferentes mecanismos de defensa.
Entre ellos se encuentran:
No existe una única vía aplicable a todos los supuestos.
En determinados procedimientos de comprobación, la Agencia Tributaria establece expresamente un trámite de alegaciones antes de dictar resolución.
Antes de aceptar una regularización
Conviene revisar cuidadosamente los hechos, los fundamentos jurídicos y los cálculos efectuados por la Administración antes de decidir si se acepta la propuesta o se ejercen los mecanismos de defensa disponibles.
Muchos de los errores habituales al recibir una comunicación de Hacienda están relacionados con la gestión del procedimiento y no necesariamente con el fondo de la cuestión tributaria.
Entre los más frecuentes destacan:
Una adecuada organización y una revisión previa de la documentación pueden ayudar a evitar estas situaciones.
Una inspección tributaria es un procedimiento regulado. Comprender qué está comprobando la Agencia Tributaria, preparar correctamente la documentación y responder dentro de los plazos establecidos permite afrontar el proceso con mayor seguridad.
Desde Laver Consultores acompañan a empresas y autónomos en las siguientes actuaciones:
No necesariamente. Puede tratarse de un requerimiento de información, una verificación de datos, una comprobación limitada u otro procedimiento tributario.
Lo primero es identificar qué comunicación se ha recibido y a qué impuestos y períodos afecta.
Sí. Los autónomos, al igual que las sociedades, pueden ser objeto de procedimientos de comprobación e inspección tributaria.
La normativa contempla determinados supuestos de personación sin comunicación previa en locales, oficinas o almacenes.
Las facultades de la Administración dependen del lugar y de las circunstancias. Para acceder a un domicilio constitucionalmente protegido se necesita el consentimiento del titular o una autorización judicial.
Con carácter general, 18 meses, aunque el plazo puede ampliarse a 27 meses en los supuestos legalmente previstos.
Su cómputo puede verse afectado por causas de suspensión y extensión.
Como regla general, el plazo de prescripción tributaria es de cuatro años.
No obstante, determinados elementos, como las bases imponibles negativas, pueden estar sujetos a plazos de comprobación más amplios.
Libros y registros contables, facturas, justificantes, archivos informáticos y otros documentos con trascendencia tributaria relacionados con la comprobación.
No. Puede finalizar sin regularización o con una regularización tributaria.
La sanción únicamente procede cuando se cumplen los requisitos establecidos por la normativa. Regularización y sanción son cuestiones diferentes.
Sí. El contribuyente puede actuar mediante representante y recibir asesoramiento profesional durante el desarrollo de las actuaciones.
La importancia de una respuesta adecuada ante Hacienda
Ante cualquier comunicación de la Agencia Tributaria, resulta fundamental identificar el procedimiento, comprobar los plazos, organizar la documentación y conocer los derechos del contribuyente. Contar con asesoramiento fiscal puede facilitar la gestión de las actuaciones y la defensa de los intereses de la empresa o del autónomo.
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