Negociación obligatoria antes de demandar en los procesos de familia

A partir del 3 de abril de 2025, entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que introduce modificaciones clave en los procedimientos judiciales, especialmente en los relacionados con asuntos familiares.

Con el objetivo de aligerar la carga de trabajo judicial, fomentar acuerdos amistosos y reducir los costes, esta nueva normativa obliga a llevar a cabo un proceso de negociación antes de presentar una demanda judicial. Este intento de acuerdo deberá ser acreditado. En caso de no demostrar que se ha intentado alcanzar un acuerdo, el tribunal rechazará la demanda.

No obstante, se exceptúan de esta obligación:

1. Casos de violencia de género o doméstica.

2. Situaciones que requieran medidas urgentes para la protección de menores o de las partes implicadas.

3. Imposibilidad material de llevar a cabo la negociación.

4. Expedientes judiciales relacionados con la responsabilidad parental.

El proceso de negociación se entiende por válido si incluye:

• Mediación con la intervención de un mediador.

• Conciliación, donde el conciliador puede proponer soluciones.

• Negociación entre las partes, ya sea directamente o a través de sus abogados.

• Oferta vinculante, cuando una de las partes propone una solución concreta a la otra.

Si la negociación no da lugar a un acuerdo, deberá demostrarse que se intentó de buena fe al presentar la demanda judicial.

Por lo tanto, a partir del 3 de abril de 2025, para que se admita una demanda de divorcio, separación, disolución de pareja, etc., la parte demandante deberá acreditar de manera documental que ha intentado alcanzar un acuerdo previamente.