En los últimos años, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha analizado las principales partes que intervienen en el tratamiento de datos de carácter personal en los centros educativos, tanto públicos como privados, destacando especialmente la figura del Delegado de Protección de Datos (en adelante, “el DPO”).
Para la AEPD, el DPO es uno de los elementos esenciales de la normativa de Protección de Datos y un garante del cumplimiento de la misma en las organizaciones, sin sustituir las funciones que desarrollan las Autoridades de Control como sería la propia AEPD.
En este sentido, el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, hace referencia de manera expresa a la obligación de designar a un DPO en “los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas”.
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