La cuestión debatida en la Resolución de 23 de mayo de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) gira en torno al ejercicio de los derechos de socio cuando la titularidad de las participaciones sociales corresponde en régimen de comunidad ordinaria a varias personas; en concreto, si lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) – que dispone que los copropietarios habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio – es de obligada observancia para la compañía, o, en caso de no haber sido designado el representante común, los administradores y la propia junta pueden tolerar válidamente la asistencia y voto de todos los comuneros.
Distingue la DGSJFP según la titularidad de las participaciones la tenga una comunidad ordinaria, como es el caso, que surge tras la partición de la herencia y adjudicación de las participaciones sociales en proindiviso o una comunidad hereditaria (en una herencia indivisa):
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