Anteproyecto de ley para la protección de denunciantes: nuevas obligaciones para las empresas 

El pasado 4 de marzo de 2022, se aprobó por parte del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, el cual transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

El objetivo de la Directiva y del anteproyecto no es otro que el de proteger frente a represalias a todas aquellas personas (los llamados informantes) que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno.

Concretamente, se protegerá a las personas físicas que informen sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, según los términos previstos en la propia Directiva, así como de aquellas acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, o cualquier vulneración del resto del ordenamiento jurídico, siempre que se afecte o menoscabe directamente el interés general y no se cuente con una regulación específica. Así, se entenderá afectado el interés general cuando la acción u omisión de que se trate implique un quebranto económico para la Hacienda Pública.

Estas personas físicas a las que se protegerá serán aquellas que tengan vínculos profesionales con entidades en el sector público o privado, incluyéndose a autónomos, accionistas, trabajadores que hayan finalizado su relación laboral, voluntarios, becarios, candidatos en procesos de selección, entre otros.
Las informaciones para conseguir esta protección pueden llevarse a cabo mediante canales internos, lo cuales, según establece la normativa, son el cauce preferente, o a través de canales externos.

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