Esa es, en esencia, la pregunta que hoy pongo sobre la mesa. La Revista Quincena Fiscal (Aranzadi) publica en su sección de Estudios mi trabajo «La fiscalidad de las pensiones de los funcionarios internacionales», y no puedo estar más ilusionado de compartirlo con vosotros.
Es el resultado de meses de investigación sobre una cuestión que me apasiona y que afecta a miles de pensionistas y trabajadores de la ONU residentes en España.
Tras la STS 1737/2022, el Tribunal Supremo cerró —por ahora— la puerta a la exención directa de las pensiones de la Caja Común de la ONU (UNJSPF) vía Sección 18(b) de la Convención. Pero el debate no muere ahí porque se desplaza a un terreno aún más interesante.
La pregunta de fondo que planteo es si respeta el principio de capacidad económica (art. 31 CE) gravar íntegramente esas pensiones en el IRPF. Mi tesis es que no del todo porque estos rendimientos ya se sometieron al Staff Assessment con carácter previo, y obviar la existencia de este gravamen genera una doble imposición económica que el ordenamiento no prevé, por lo que requiere de una corrección.
¿Qué vía de corrección propongo? Proyectar la doctrina de la STS 255/2023 sobre mutualidades. Un camino inexplorado con enorme potencial.
No busco cerrar el debate, sino abrirlo. Si trabajáis en fiscalidad internacional o IRPF, me encantará leer vuestras críticas y matices, porque de ahí sale el buen Derecho.
Mi agradecimiento a la Revista Quincena Fiscal y a Aranzadi por confiar en este trabajo.
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