El Tribunal Supremo ha reconocido recientemente que el impago reiterado de la pensión de alimentos puede constituir una forma de violencia económica, abriendo la puerta a reclamar, no solo las cantidades adeudadas, sino también una indemnización por daño moral.
Es tristemente habitual que quien está obligado a pagar una pensión alimenticia —ya sea para los hijos o para la expareja— deje de hacerlo de forma reiterada, incluso existiendo una resolución judicial firme que lo ordena. Este incumplimiento no solo genera una situación económica precaria, sino que obliga a la persona afectada a asumir gastos que no le corresponden, privándose de atender sus propias necesidades para cubrir las de sus hijos.
El Tribunal Supremo ha señalado que este comportamiento puede considerarse violencia económica, especialmente cuando el obligado al pago es consciente de que la otra parte carece de recursos suficientes para vivir dignamente.
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