El Ejecutivo ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley que reduce la jornada semanal máxima a 37,5 horas sin merma salarial. Pero el alcance del texto va más allá: endurece sanciones, obliga a implantar registros digitales y fortalece el derecho a la desconexión laboral.
El “Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión” fue aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2025. Actualmente está en tramitación parlamentaria y se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, número 58-1, con fecha 16 de mayo de 2025.
Si el Parlamento confirma el texto tal cual, la jornada ordinaria anual pasará de 40 a 37,5 horas semanales, manteniendo íntegro el salario. Esta medida no solo moderniza el marco normativo, sino que responde a la creciente preocupación por la salud mental, la conciliación familiar y ritmos de vida más sostenibles.
El nuevo artículo 34 bis del ET exigirá un registro de jornada digital, objetivo, fiable y accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo. Desaparecen los métodos manuales: será necesaria trazabilidad durante cuatro años, con datos íntegros y legibles.
En caso de ausencia o manipulación del sistema, la jornada declarada por el trabajador se considerará correcta, invirtiendo la carga de la prueba. Las empresas dispondrán de seis meses tras la entrada en vigor para tener operativo el sistema (excepto interoperabilidad, que dependerá de reglamentos posteriores).
El artículo 20 bis del ET y el artículo 18 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia refuerzan sin matices el derecho a desconectar. No contestar correos fuera del horario pactado deja de ser falta o motivo de sanción. Además, se fomenta su concreción en la negociación colectiva, admitiendo excepciones solo si son justificadas, proporcionales y excepcionales.
Este derecho trasciende el teletrabajo y obliga a las empresas a revisar sus canales de comunicación, sus expectativas implícitas y su cultura organizativa.
El artículo 12 del ET también se actualiza: los contratos a tiempo parcial se integran en el régimen general de control horario. Los que superen las 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a jornada completa. Asimismo, se redefinen los coeficientes de parcialidad y la retribución proporcional, para impedir usos fraudulentos de los contratos parciales.
La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como graves tanto el exceso de jornada como el registro inadecuado. Lo relevante es que las multas se aplicarán por cada trabajador afectado, lo que eleva notablemente el coste: hasta 10.000 € por persona. El mensaje es contundente: respetar el tiempo de trabajo es tanto un derecho laboral como una obligación empresarial con consecuencias económicas directas.
El Real Decreto 1620/2011 se adapta a la nueva jornada y al registro horario. Aunque se contempla un régimen específico y más flexible para el hogar empleador, las trabajadoras del servicio doméstico ganarán un reconocimiento real de su descanso y jornada limitada.
La Ley se publicará en el BOE y entrará en vigor al día siguiente.
Registro horario digital: obligatorio a los seis meses.
Adaptación de convenios con jornadas superiores: antes del 31 de diciembre de 2025.
Negociación para empresas sin convenio: antes del 31 de diciembre de 2025.
Conversión automática de contratos parciales con más de 37,5 horas: desde su entrada en vigor.
Durante los seis primeros meses se podrá seguir con el registro anterior.
La regulación de la jornada deja de ser solo una cifra semanal: refleja valores sociales, equilibrios entre productividad y bienestar, y las relaciones laborales que aspiramos a consolidar. Aunque aún sujeta a posibles enmiendas, este proyecto de ley obliga a empresas y trabajadores a prepararse, revisar sus documentos y, sobre todo, replantear su forma de entender el tiempo de trabajo.
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