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La sentencia núm. 111/2020 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, dictada en fecha 23 de abril, se ha convertido en la primera sentencia de nuestro país en condenar por un delito de corrupción en el deporte. Conviene recordar que el delito de corrupción en el deporte es un delito que puede generar responsabilidad penal para las personas jurídicas (art. 288 CP).
El delito de corrupción en el deporte castiga las conductas de corrupción en los negocios que tienen lugar en el ámbito deportivo, tratando de salvaguardar de este modo el fair play en las competiciones con el fin de proteger su resultado y la integridad deportiva, confluyendo así los valores sociales y económicos inherentes al deporte profesional. Concretamente, el artículo 286 bis.4 del Código Penal establece que lo dispuesto para el delito de corrupción en los negocios “será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”.
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