PymeLegal informa
Ayer se publicó en el BOE la nueva Ley 2/2023 (Whistleblowing)
Esta ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción trae algunos cambios.
– Se ha eliminado la obligación de nombrar un DPO.
– Se mantiene la posibilidad de las denuncias anónimas.
– Las empresas públicas tienen la obligación de implementar un canal de denuncias.
– Las empresas privadas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de implementarlo.
– Las empresas con un volumen de más de 10 millones de euros tienen la obligación de implementarlo.
Esta norma entrará en vigor pasados los 20 días naturales desde su publicación (14 de marzo). Aunque las empresas privadas de entre 50 y 249 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 ciudadanos, tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023. El resto estará obligado a implementarlo antes de mediados de junio, dando un plazo de tres meses.
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