PymeLegal informa
Índice
Cuál es el objetivo de esta nueva ley
Un nuevo sistema de supervisión de la IA en España
La biometría en tiempo real: prohibida salvo excepciones
Nuevos derechos para los ciudadanos
Sanciones millonarias para los incumplimientos más graves
Diferencias para pymes y administraciones públicas
Un cambio que todas las organizaciones deben seguir de cerca
La inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos, tomamos decisiones y prestamos servicios. Desde herramientas de generación de contenidos hasta sistemas de análisis de datos o procesos de selección de personal, la IA ya forma parte del día a día de muchas empresas y administraciones.
Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, España ha dado un nuevo paso con la presentación del Anteproyecto de Ley que regulará su aplicación en nuestro país. Este texto define las autoridades competentes, el régimen sancionador y las condiciones aplicables a determinados usos considerados de alto riesgo.
El Anteproyecto persigue dos objetivos principales:
Objetivos principales del Anteproyecto:
Establecer el régimen sancionador aplicable a los incumplimientos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
Regular el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos.
La norma afectará tanto a empresas privadas como a entidades públicas que actúen como proveedoras, importadoras, distribuidoras o responsables del despliegue de sistemas de inteligencia artificial.
La futura ley distribuye las competencias de control entre distintos organismos públicos, con el objetivo de ordenar la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial según su ámbito de uso y los riesgos que puedan generar.
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se convertirá en el punto de contacto único ante la Unión Europea y supervisará sistemas de IA utilizados en ámbitos especialmente sensibles, como los siguientes:
Ámbitos especialmente sensibles:
Infraestructuras críticas.
Educación.
Empleo.
Servicios esenciales.
La Agencia Española de Protección de Datos tendrá una función relevante en la supervisión de aquellos sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar a la privacidad y a la protección de datos personales, especialmente en estos ámbitos:
Ámbitos de intervención de la AEPD:
Ámbito policial.
Control de fronteras.
Migración y asilo.
Prácticas prohibidas relacionadas con derechos fundamentales.
Uno de los aspectos más destacados del Anteproyecto es la regulación del reconocimiento biométrico remoto en tiempo real.
La norma establece una prohibición general del uso de esta tecnología en espacios públicos, aunque admite excepciones muy concretas.
Supuestos excepcionales en los que podría utilizarse:
Búsqueda de personas desaparecidas o secuestradas.
Prevención de amenazas terroristas inminentes.
Localización de sospechosos de delitos especialmente graves.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitarán autorización judicial previa para emplear estos sistemas.
En situaciones de urgencia excepcional podrán activarlos, pero deberán solicitar autorización en un plazo máximo de 24 horas. Si el juez deniega la autorización, la utilización deberá cesar de inmediato y los datos obtenidos tendrán que eliminarse.
La ley también incorpora una obligación expresa: destruir sin demora cualquier dato biométrico captado de personas que no formen parte de la investigación autorizada.
El texto introduce novedades relevantes desde la perspectiva de los derechos digitales y de la protección frente a usos indebidos de la inteligencia artificial.
Los ciudadanos podrán solicitar la retirada del mercado de determinados sistemas de inteligencia artificial cuando hayan provocado incidentes graves que afecten a personas o bienes protegidos.
La AESIA pondrá en marcha un canal electrónico que permitirá denunciar de forma anónima posibles incumplimientos relacionados con la inteligencia artificial.
Estas denuncias podrán dar lugar al inicio de procedimientos sancionadores de oficio.
El Anteproyecto prevé multas muy elevadas para garantizar el cumplimiento de la normativa y disuadir de usos prohibidos o negligentes de la inteligencia artificial.
Infracciones muy graves por prácticas prohibidas:
Hasta 35 millones de euros.
O hasta el 7% del volumen de negocio mundial del grupo empresarial.
Sistemas de alto riesgo con incumplimientos graves:
Hasta 15 millones de euros.
O hasta el 3% de la facturación mundial.
Infracciones graves:
Entre 500.001 euros y 7.500.000 euros.
O hasta el 2% del volumen de negocio.
Infracciones leves:
Entre 6.000 euros y 500.000 euros.
O hasta el 1% del volumen de negocio.
Además, para evitar estrategias de elusión mediante filiales, las sanciones se calcularán teniendo en cuenta la facturación global del grupo empresarial.
El Anteproyecto prevé un tratamiento diferenciado en determinados supuestos, especialmente para pequeñas y medianas empresas y para administraciones públicas.
Las pequeñas y medianas empresas dispondrán de ciertas medidas de flexibilización:
Medidas previstas para pymes:
Posibilidad de sustituir determinadas sanciones leves por apercibimientos.
Reducciones reforzadas por reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario.
Aplicación del criterio económico más favorable cuando existan varias opciones de cálculo.
Las administraciones públicas no recibirán multas económicas. No obstante, ello no significa ausencia de consecuencias.
Consecuencias para las administraciones públicas:
Se declarará formalmente la infracción.
Se impondrán medidas correctoras obligatorias.
Podrán iniciarse expedientes disciplinarios contra responsables que hayan ignorado advertencias previas.
La futura Ley Española de Inteligencia Artificial representa uno de los desarrollos regulatorios más relevantes de los últimos años.
Las empresas que utilizan sistemas de IA en recursos humanos, atención al cliente, análisis de datos, seguridad, marketing o toma de decisiones automatizadas deberán revisar cuidadosamente sus procesos para asegurar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
La inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades, pero también introduce nuevas responsabilidades.
Con este Anteproyecto, España empieza a definir el marco que determinará cómo deberán desarrollarse, supervisarse y utilizarse estas tecnologías en los próximos años.
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