El 22% de las pymes afirman no estar preparadas para cumplir con la factura electrónica

Apenas quedan unos meses para que se implementen las primeras obligaciones relacionadas con la factura electrónica. En los próximos años, miles de negocios y autónomos deberán adaptarse a los nuevos requisitos y sistemas establecidos en la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. No obstante, más de dos de cada diez pymes, un 22%, indican que aún no están preparadas para estos cambios. Así recoge un estudio reciente publicado por Sage, el cual revela un alto grado de desconocimiento respecto a la inminente obligatoriedad de la factura electrónica, ya que el 65% de las pymes españolas encuestadas confiesa no saber cómo les afectarán los cambios en la facturación a partir del 1 de enero de 2026.

En este contexto, el 22% de las pymes del país admite no estar «nada preparada» y considera que las nuevas leyes de facturación resultan ser «un lío». Por otro lado, entre aquellas que aseguran tener claras las futuras obligaciones de facturación, un 37% aún no se ha planteado adecuarse.

Ante estos datos, Carles Ransanz, vicepresidente de ventas para medianas empresas de Sage, comentó que “la factura electrónica representa una oportunidad inmejorable para impulsar la eficiencia de los procesos, reducir la carga administrativa y garantizar una mayor transparencia en las operaciones del negocio”.

Solo el 4% de las pymes ya utiliza la factura electrónica
Además, el estudio señala que únicamente el 4% de las pequeñas y medianas empresas españolas ya han adoptado la factura electrónica, mientras que menos de un tercio, el 31%, cuenta con un software de facturación antifraude.

Este último dato es especialmente significativo, considerando que todos los programas de facturación deberán cumplir con nuevos requisitos en este sentido a partir de julio de este año. Por ejemplo, se exigirá garantizar la integridad e inalterabilidad de los registros, así como su trazabilidad. Asimismo, la Ley Crea y Crece obligará a todos los autónomos y empresas a emitir facturas electrónicas. Esta obligación estará sujeta a un reglamento aún por aprobar, que, una vez vigente, otorgará un plazo de un año a las empresas con facturación superior a ocho millones de euros para comenzar a emitir facturas electrónicas, mientras que los autónomos y pymes con facturación inferior a esta cifra dispondrán de dos años para adaptarse.