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13/11/2013

Un juzgado de lo social considera procedente el despido disciplinario efectuado sobre el presidente de un comité de empresa

Núria Zaragoza, de Zaragoza & Associats Advocats, abogada encargada de la demanda, señala que la Sentencia de fecha 4 de noviembre de 2013 del Juzgado Social número 2 de Vitoria-Gasteiz es novedosa en cuanto a que se trata de despidos muy complicados y que pocas empresas se deciden a llevarlos a cabo.


(ProDespachos, 13-11-2013)
Un juzgado de lo social considera procedente el despido disciplinario efectuado sobre el presidente de un comité de empresa

En lo que puede considerarse una enorme valentía, una empresa de Álava decidió realizar un despido disciplinario al Presidente de su Comité. Despido basado en continuas negativas a la obediencia debida a las órdenes del superior, así como en ciertos insultos o amenazas proferidas contra un compañero de trabajo. Enorme valentía, apoyada en el contexto de una crisis generalizada, en las cada vez más engrosadas listas del paro, en la conciencia social bien entendida del valor que debe otorgare en nuestros días a un puesto de trabajo, y la responsabilidad que ello requiere de cada uno de los trabajadores.
Las prerrogativas del Presidente del Comité no fueron entendidas por la empresa más que como un añadido de responsabilidad social: si de cada trabajador se exige cumplimiento estricto de sus tareas, más aún de aquéllos que deben ser garantía de la protección de los derechos del colectivo de trabajadores. Si de cada trabajador se exige respeto a sus compañeros, más aún de aquéllos cuyo cargo ha de ser entendido como un servicio, como es el cargo de los miembros del Comité de Empresa.
Tras la oportuna tramitación del expediente contradictorio, se sancionó al trabajador con el despido por una falta muy grave según el artículo 54.2 del estatuto de los trabajadores:
b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c) Ofensas verbales o físicas (…)
d) La transgresión de la buena fe contractual (…)
e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
Tras la oportuna celebración del acto de juicio, la sentencia desestima la demanda interpuesta por el trabajador por despido nulo y subsidiariamente improcedente, confirmando la actuación de la empresa. En síntesis, la sentencia recoge los dos extremos expuestos en la carta: por un lado la afirmando que la negativa al cumplimiento de las órdenes del empresario sólo cabe cuando éste actúe con arbitrariedad, abuso de derecho, o atentando contra la dignidad del trabajador, o si la orden es manifiestamente antijurídica. Asimismo recoge que la transgresión de la buena fe contractual se produce cuando se violan los deberes de fidelidad y el trabajador actúa con conocimiento de la conducta vulneradora, siendo indiferente la gravedad de dicha transgresión, toda vez que la infracción del deber de buena fe se produce per se, sin ser posible acudir a la teoría gradualista. Así se ha entendido que producida la transgresión de la buena fe contractual independientemente de la gravedad o del daño causado a la empresa, cabe el despido.
En cuanto a las ofensas verbales proferidas contra un compañero, alude la sentencia a la Jurisprudencia que indica que la realidad social impone que se observe en la vida de relación un recíproco respeto entre las personas, que deben adecuar sus comportamientos a las circunstancias del lugar y del momento, de acuerdo con la dignidad inmanente de la naturaleza humana, que constituye en el campo laboral un derecho básico. “La empresa, afirma la sentencia, en cuanto a entidad con vocación de permanencia, únicamente puede ofrecer los rendimientos que en lo económico-social determinan su nacimiento, si se da la imprescindible harmonía entre las personas que la forman.”
En el contexto de los hechos enjuiciados, aprecia la sentencia que efectivamente los incumplimientos o faltas atribuidas al trabajador tienen el carácter de muy graves, por lo que confirma la adecuación a derecho de la conducta de la empresa.
Lo que resulta realmente novedoso de la sentencia es la “llamada de atención” que se efectúa al Presidente del Comité, siendo que si hasta la fecha tal condición podía haber sido apreciada como cierta garantía de impunidad, lo cierto es que en la sentencia contempla el cargo de representación como una especial exigencia del cumplimiento del deber de buena fe en el desempeño del trabajo, configurando tal representación como un ejemplo para el resto de trabajadores, tanto en el desarrollo de las tareas propias del puesto, como en el carácter personal de trato a los compañeros.
Cierta esperanza supone la sentencia, desde la perspectiva de que por fin empresas y trabajadores, profesionales que asesoramos y que representamos en muchos casos a unos y a otros, juzgados y administración, debemos aunar esfuerzos para remar en el mismo sentido: el desarrollo del proyecto empresarial en las mejores condiciones para todos.

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