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28/09/2012

Las \'armas\' del Gobierno


(El País, 28-09-2012)
Las \'armas\' del Gobierno

Estas son las opciones que tiene a su disposición el Ejecutivo: Suspensión por el Constitucional. El artículo 161.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que el Gobierno puede impugnar las disposiciones de las comunidades autónomas, lo que produce su suspensión automática, que debe ser ratificada o levantada en cinco meses. La Ley de Referéndum de Cataluña fue suspendida y posteriormente se levantó la suspensión, pero el Constitucional dejó claro que podría volver a acordarse esa medida. Si Mas opta por sacar adelante otra ley catalana de consulta popular, esta también puede ser impugnada por el Gobierno y suspendida por el Constitucional. Código Penal. Para el caso de que Mas decidiese ignorar la prohibición del Constitucional, las fuentes recuerdan el caso del expresidente de la Cámara vasca Juan Maria Atutxa, condenado por el Supremo a año y medio de inhabilitación por delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. También puede ser aplicable en otros supuestos el delito de prevaricación.Artículo 155 de la Constitución. El Gobierno, previo requerimiento a Mas, con la mayoría absoluta del Senado —el PP la tiene—, podría adoptar “las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones”. Para el cumplimiento forzoso quizá cabría llegar a la suspensión de la autonomía y la sustitución del Gobierno autonómico, aunque por ahora eso no se plantea. Por si hubiera alguna duda, ha rematado: "La consulta sería sobre un asunto que afectaría al conjunto del censo electoral, porque a todos los españoles nos compete decidir sobre la organización de nuestro Estado". La vicepresidenta, al hablar de la ley catalana de consultas, se refiere a la Ley de Cataluña sobre consultas populares por vía de Referéndum, impulsada por el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) y que permite convocar una consulta a propuesta del Gobierno catalán, de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados del Parlamento autónomo, o del 10% de los municipios (que caso deben representar al menos a 500.000 habitantes). El Tribunal Constitucional la tiene pendiente de sentenciar desde 2010.La ley fue recurrida de inconstitucionalidad por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero transcurrido el plazo de cinco meses de suspensión el Constitucional levantó el veto en junio de 2001. El Tribunal recordó entonces que “el posible objeto de las consultas ha de circunscribirse al ámbito de las competencias de la Generalitat, mientras que la celebración de una eventual consulta está, en todo caso, supeditada a la obtención de la previa autorización del Estado”. Y eso mismo lo ha recordado hoy la vicepresidenta. La suspensión temporal, no obstante, fue levantada. Ese levantamiento de suspensión de la ley catalana, que recurrió el Gobierno central, se hizo sin perjuicio de preservar el "interés general", ha añadido la vicepresidenta, quien ha dicho que se podría pedir al Constitucional una revisión de esa decisión para dejar en suspensión ciertos preceptos de la norma y sin efecto cualquier referéndum convocado en virtud de la misma. […]

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