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08/04/2011

El Tribunal de la UE abre la posibilidad para que las profesiones reguladas puedan realizar una cierta captación de clientes

El Tribunal de Justicia de la UE (TdJ) ha dictaminado, en respuesta a una demanda del Consejo de Estado francés, que “una normativa nacional no puede prohibir completamente a los auditores de cuentas efectuar actos de captación directa de clientes” como previsto en la Directiva de servicios, ya que eso constituye una restricción a la libre prestación de servicios transfronterizos. Esto abre la posibilidad para las profesiones reguladas, como abogados y otras, a realizar cierta captación de clientes.


(Expansión, 06-04-2011)
El Tribunal de la UE abre la posibilidad para que las profesiones reguladas puedan realizar una cierta captación de clientes

El Tribunal de Justicia de la UE (TdJ) ha dictaminado, en respuesta a una demanda del Consejo de Estado francés, que “una normativa nacional no puede prohibir completamente a los auditores de cuentas efectuar actos de captación directa de clientes” como previsto en la Directiva de servicios, ya que eso constituye una restricción a la libre prestación de servicios transfronterizos. Esto abre la posibilidad para las profesiones reguladas, como abogados y otras, a realizar cierta captación de clientes.El código deontológico francés de los auditores de cuentas prohíbe cualquier acto de captación directa de clientes, es decir, cualquier gestión ante un tercero que no la haya solicitado, destinada a proponer a éste último sus servicios. La participación en coloquios, seminarios u otras manifestaciones universitarias o científicas está autorizada en la medida en que no se realicen, con ocasión de ellos, actos asimilables a la captación directa de clientes. Ante esa legislación una empresa “la Société fiduciaire” solicitó al Consejo de Estado francés, que anulara esta normativa por entender que la prohibición que impone es contraria a la Directiva de servicios.Antes de decidir su dictamen el Consejo de Estado francés, planteó una demanda prejudicial al TdJ, para ver si en función de esa directiva europea, los Estados pueden prohibir, de forma general, a los miembros de una profesión regulada, como la de los auditores de cuentas, realizar actos de captación directa de clientes.El TdJ considera que esa directiva tenía como intención por un lado poner fin a las prohibiciones totales, de los miembros de profesiones reguladas, de recurrir a la comunicación comercial, independientemente de la forma que revistiera, y, por otro lado, eliminar las prohibiciones de utilizar una o varias formas de comunicación comercial como, en particular, la publicidad, la mercadotecnia directa o el patrocinio. También deben considerarse prohibiciones totales, proscritas por la Directiva, las normas profesionales que prohíban comunicar, en uno o varios medios de difusión, informaciones sobre el prestador o sobre su actividad.Sin embargo, si acepta que los Estados miembros pueden seguir estableciendo prohibiciones relativas al contenido o a las modalidades de comunicaciones comerciales cuando se trate de profesiones reguladas, siempre y cuando las normas previstas estén justificadas y sean proporcionadas con el fin de garantizar, en particular, la independencia, dignidad e integridad de la profesión, así como el secreto profesional necesario para su ejercicio.El TdJ analiza el alcance del concepto de captación directa de clientes con el fin de determinar si constituye una «comunicación comercial», que, conforme a la Directiva, un Estado miembro no puede prohibir de manera general y absoluta.El Derecho de la Unión no contiene una definición legal del concepto de «captación directa de clientes». El Tribunal de Justicia lo interpreta en el sentido de que constituye una forma de comunicación de datos para conseguir nuevos clientes que implica un contacto personal entre el prestador y el potencial cliente, destinado a presentar a éste una oferta de servicios. Por ese motivo, puede calificarse de mercadotecnia directa. Por consiguiente, la captación directa está incluida en el concepto de «comunicación comercial», en el sentido de la Directiva.

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