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El panorama laboral español encara los últimos meses del año con una agenda normativa intensa. Aunque no todas las iniciativas se materializarán antes del cierre de 2025, sí trazan la hoja de ruta inmediata en la que empresas, trabajador@s y profesionales del derecho deberán centrar su atención.
El Gobierno ha confirmado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) volverá a incrementarse en 2026, siguiendo la senda de subidas acordada con sindicatos y patronal. Aunque su impacto no será inmediato en 2025, las negociaciones y su definición influirán en los convenios colectivos y en la planificación de costes laborales de las compañías.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no cuenta con apoyos suficientes en el Parlamento, pero en paralelo se impulsa otra obligación: el registro horario digital. La medida busca garantizar la trazabilidad de la jornada, reforzar el control de las horas trabajadas y limitar excesos en materia de horas extra. Antes de que finalice el año se prevé un marco normativo más preciso que obligue a las empresas a implantar sistemas digitales, sustituyendo el uso del papel aún habitual en muchas organizaciones.
La agenda europea también condiciona el calendario normativo. España debe transponer la Directiva Delegada 2023/2775, que introduce nuevos criterios vinculados al volumen de negocio para determinadas obligaciones empresariales.
Otra directiva pendiente de incorporación es la relativa a condiciones laborales transparentes y previsibles. Esta normativa europea exigirá a los empleadores mayor información en los contratos: horarios, retribuciones y demás aspectos esenciales. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica de los trabajadores y evitar opacidades en la contratación, lo que tendrá un impacto directo en los modelos de contratación más extendidos.
Continúa en fase de anteproyecto el Estatuto del Becario. Aunque su aprobación definitiva no parece inminente, el texto anticipa una regulación más estricta de las prácticas no laborales, garantizando derechos básicos como remuneración mínima, cotización a la Seguridad Social y un marco formativo real. Este debate seguirá abierto y marcará un punto de inflexión para este colectivo.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el despido ha descartado elevar la indemnización apoyándose en la Carta Social Europea. Esto abre la posibilidad de una futura reforma legislativa que clarifique el marco vigente, buscando equilibrar la seguridad de las empresas con la protección de los trabajadores. Es un debate que probablemente volverá a cobrar fuerza durante el próximo año.
En suma, el mercado de trabajo afronta un cierre de ejercicio caracterizado por la transición normativa. Sin reformas inmediatas de gran calado, pero con cambios relevantes en el horizonte, los próximos meses definirán cómo se perfilará España en 2026: con un SMI más elevado, registros digitales de jornada, mayor transparencia en la contratación y posiblemente un nuevo Estatuto del Becario. La clave residirá en la capacidad del legislador y de los agentes sociales para convertir esta agenda en normas claras y aplicables a la práctica diaria de empresas y trabajadores.
Amanda Riera
Asesora laboral de TAX Barcelona
ariera@tax.es
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