La transparencia fiscal en la Unión Europea

Cómo afecta la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

A lo largo de los últimos años, la Directiva 2011/16/UE del Consejo ha sido objeto de una serie de modificaciones a fin de dar cabida a nuevas iniciativas en el ámbito de la transparencia fiscal en la Unión Europea.

Los tiempos cambian, la tecnología y el conocimiento avanzan a una velocidad vertiginosa y cada vez resulta más complicado proteger la fiscalidad interna de los Estados miembros de posibles erosiones de bases imponibles o de transferencias de renta en busca de un mejor tratamiento tributario.

Al exuberante ingenio de los asesores fiscales y su insaciable olfato canino para rastrear zonas de baja tributación se añade otra dificultad añadida para las autoridades tributarias, la total libertad de movimiento y desplazamiento de factores productivos que facilita la creación y el diseño de estructuras maquiavélicas para canalizar rentas a zonas con una fiscalidad más favorable.

No siempre es posible controlar el viento pero si las velas, y para ello es absolutamente crucial la obtención de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresivos y poder generar con ello, un espacio de equidad tributaria sin asimetrías que permita a los Estados miembros gestionar sus políticas fiscales sin injerencias ni mermas. Esa es en esencia, la filosofía subyacente de la Directiva comúnmente conocida como Directiva de Intermediarios Fiscales o DAC 6, que debieron adoptar y publicar antes del 31 de diciembre de 2019 los Estados miembros para aplicar el contenido de sus disposiciones a partir del próximo 1 de julio de 2020.

La transposición legal a nuestro ordenamiento interno se articula a través de las siguientes modificaciones:

1. En primer lugar, con la modificación de uno de nuestros cimientos pilares, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, con la inclusión de la Disposiciones Adicionales vigésimo cuarta y vigésimo quinta a través del anteproyecto de Ley de 20 junio de 2019.
2. Y en segundo lugar, con la modificación del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, en adelante RGAT, que introduce los artículos 45 a 49 bis.

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