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La Directiva Whistleblowing obligará en un futuro inmediato a todas las empresas con más de 250 personas en plantilla a incorporar canales de denuncias internos. Umbral que se reducirá a 50 personas trabajadoras antes de 2023. Esta iniciativa proviene de la Unión Europea, que ha declarado la utilidad de estas vías de denuncia llegando a calificarlas como “garantes del funcionamiento democrático”.
A fin de cuentas, son las denuncias particulares las que han ayudado a destapar escándalos como Dieselgate o Cambridge Analytics. Sin embargo, la UE ha detectado por medio de informes como la Global Business Ethics Survey que un alto porcentaje de los denunciantes (el 36 % en el estudio de 2016) terminan sufriendo represalias.
Por eso se hace necesaria una Directiva como la 2019/1937, popularmente conocida como Directiva Whistleblowing. Esta norma de protección al denunciante aparece en un marco corporativo en que el compliance y la responsabilidad proactiva son cada vez más relevantes, trayendo novedades como la obligación de establecer canales de denuncias internos que garanticen cierta seguridad al denunciante.
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