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El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 presentado por el Gobierno contempla una reducción sustancial del incentivo fiscal que, en el ámbito del IRPF, se viene aplicando a las aportaciones que efectúan los contribuyentes a sus planes de pensiones individuales. Disminuye el actual límite de aportaciones que pueden minorar la base imponible del IRPF del contribuyente, de 8.000 a 2.000 euros. Adicionalmente también se reduce el límite de la aportación anual al plan de pensiones del cónyuge, que baja de 2.500 a 1.000 euros. Afortunadamente, las reducciones en la base imponible de las aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad (10.000 euros anuales) o efectuadas por las propias personas con discapacidad (24.250 euros) no se han visto disminuidas.
¿Cuál es la justificación de esta medida? A tenor de lo expresado en la exposición de motivos de la norma, se trata de “hacer compatible un crecimiento económico equilibrado y un aumento de los ingresos tributarios que permita el fortalecimiento del Estado del bienestar y reduzca desigualdades”. Dicha medida ha sorprendido a contribuyentes ahorradores, a las compañías financieras y aseguradoras, por supuesto a las patronales de la previsión social complementaria (Inverco y Unespa) y al sector empresarial en general, que la han calificado de precipitada, errónea y meramente recaudatoria. El Gobierno trata de justificarse alegando que mantiene y potencia el incentivo fiscal para los planes de pensiones colectivos o de empresa, permitiendo una reducción de sus aportaciones de hasta 8.000 euros -que, unidas al máximo de 2.000 euros por la modalidad de los individuales, posibilitaría desgravar hasta 10.000 euros anuales- y, además, anuncia la creación de un fondo público de pensiones.
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