A veces, un simple correo enviado con buena intención se convierte en un problema legal. Por eso conviene establecer protocolos claros en la empresa. La desconexión digital no es un lujo, es un derecho reconocido. Ignorarlo puede suponer sanciones económicas y un golpe a la reputación de tu negocio.
En los últimos tiempos hemos visto cómo los tribunales ponen cada vez más el foco en un asunto que hasta hace poco parecía secundario: el derecho a la desconexión digital. Lo que antes se interpretaba como un simple gesto de cortesía -respetar los tiempos de descanso- hoy se ha convertido en una auténtica obligación legal para las empresas.
Y lo que es más importante: no cumplirlo puede traer consecuencias jurídicas y económicas nada agradables.
Un ejemplo reciente nos llega desde Galicia, donde el Tribunal Superior de Justicia ha condenado a una compañía por enviar correos electrónicos a una trabajadora que estaba de baja médica. Puede que los mensajes no exigieran respuesta inmediata, ni contuvieran un tono amenazante, pero el simple hecho de recibirlos, estando en plena incapacidad temporal y atravesando un problema de salud, se entendió como una intromisión indebida en su vida privada y en su derecho a recuperarse en paz. El resultado fue una indemnización de 1.500 euros y un recordatorio para todas las empresas: la desconexión digital no es opcional.
Lo que implica realmente la desconexión digital
Cuando hablamos de este derecho no nos referimos únicamente a que el trabajador no deba contestar correos fuera de su horario. El alcance es mayor: significa que la empresa no debe enviar comunicaciones laborales en momentos en los que el contrato está suspendido o el trabajador está de descanso. Una baja médica no es solo la ausencia física en la oficina o en el teletrabajo, es un tiempo de recuperación que debe ser respetado de forma absoluta.
Si la persona está enferma o de baja por ansiedad, como sucedió en este caso, recibir correos reiterados de la empresa no solo interfiere en su descanso, sino que puede agravar la situación, aumentando la sensación de presión y vigilancia. Y eso, además de dañar al trabajador, expone a la empresa a reclamaciones por vulneración de derechos fundamentales.
Lo que está en juego para tu empresa
Aunque la sanción económica de este caso concreto fue moderada, la enseñanza es clara:
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