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29/03/2012

Plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

El presente artículo versará sobre el Informe del Plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida hecho público por el Gobierno el pasado 5 de enero de 2012 que ha de inspirar el Plan General de Control Tributario para 2012.


Fernando Blázquez Castillo | Economista. Subinspector de Hacienda del Estado en excedencia | Rousaud Costas Duran SLP


Un objetivo importante del Plan de Control para este año 2012 lo va a constituir sin duda, en el ámbito de la fiscalidad internacional la comprobación de operaciones realizadas con países que han dejado de tener la consideración de paraísos fiscales, tras la firma de Convenios de Intercambio de Información
Dentro de las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, podemos destacar el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyas directrices básicas fueron anunciadas a principios de año. Sin constituir, evidentemente, una novedad respecto a las medidas adoptadas en años anteriores, sí resulta destacable alguna medida apuntada en el citado Plan cuyos detalles están pendientes de ser aprobados en el momento de redactar el presente artículo.

Analicemos a continuación las grandes líneas de actuación recogidas en el Plan de lucha contra el fraude fiscal, que quedarían englobadas en los siguientes tres grandes apartados: la Comprobación e investigación del fraude fiscal, el Control del fraude en fase recaudatoria y, finalmente, la Colaboración con las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas. Analicemos con más detalle cada una de estas tras grandes líneas de actuación.

Comprobación e investigación del fraude fiscal

En el apartado relativo a la comprobación e investigación del fraude fiscal se engloban a su vez tres grandes subapartados objeto de estudio: las actuaciones sobre los sectores o actividades económicas en las que existe una mayor percepción del fraude, actuaciones de fiscalidad internacional, investigación de la economía sumergida y control sobre el comercio exterior y los impuestos especiales. En relación a estas tres medidas económicas, resulta oportuno realizar los siguientes comentarios.

El primer grupo de actuaciones, en las que, a priori, pueda existir, una mayor sensación de fraude. En este sentido, está pendiente de publicarse en el momento de redactar el presente artículo, las directrices generales del Plan de Inspección para el año 2012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General Tributaria, en virtud del cual la Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impide que se hagan públicos los criterios generales que lo inspiren.

Un objetivo importante del Plan de Control para este año 2012 lo va a constituir sin duda, en el ámbito de la fiscalidad internacional la comprobación de operaciones realizadas con países que han dejado de tener la consideración de paraísos fiscales, tras la firma de Convenios de Intercambio de Información. En este sentido, va a cobrar especial importancia la información que vaya a ser obtenida de países como Andorra, Panamá, Bahamas, Antillas Holandesas o Singapur, si bien este apartado debe ser objeto de matización, ya que no es posible la realización de peticiones masivas de requerimientos de información a estos países (actuaciones conocidas como “fishing expeditions”) sino sólo en determinados casos, como pueden ser actuaciones de comprobación o expedientes tramitados en vía penal, podrán emitirse requerimientos de información a los citados Estados y siempre de conformidad con el contenido de los acuerdos de intercambios de información que hayan podido ser firmados.

En coordinación con las medidas económicas de reactivación de la economía española, se van a ver incrementadas todas aquellas actuaciones tendentes a regularizar la economía sumergida que, según algunas fuentes, puede alcanzar entre un 20% y un 25% del producto interior bruto del país. La regularización de estas operaciones busca conseguir un rápido efecto recaudatorio en aras a dar aire a las maltrechas finanzas públicas y, adicionalmente, regularizar la situación laboral de todos aquellos trabajadores que se encuentran desarrollando su actividad en estas circunstancias. Estas actuaciones se prevén que vayan a ser realizadas de manera coordinada entre los órganos de inspección de la Agencia Tributaria adscritos al Ministerio de Hacienda y los de la Inspección de Trabajo, pertenecientes al Ministerio de Trabajo.

La estrategia de actuación a seguir en relación con estos objetivos va a ser, por un lado, el incremento de las actuaciones de comprobación presenciales de los empleados públicos de la AEAT y de la Seguridad Social y, por otro lado, el estudio de la información facilitada de las declaraciones informativas de reciente implantación en relación a la transmisión de información relativa al consumo de energía eléctrica y de operaciones de compra realizadas a través de terminales de tarjetas de crédito, de la que los contribuyentes deben informar a los órganos de investigación de la Administración Tributaria.

Control de fraude en fase recaudatoria


En estrecha relación con las dificultades de tesorería por las que atraviesan las administraciones públicas, el Gobierno quiere incrementar las actuaciones encuadradas en la fase recaudatoria de las deudas tributarias.

De forma recurrente, la AEAT publicita los resultados de las actuaciones de regularización de los contribuyentes que contrastan con el porcentaje de cobro de las mismas. Paralelamente a este hecho, los órganos de recaudación han hecho públicos los datos del incremento de las peticiones de aplazamiento del pago de liquidaciones tributarias motivados por la crisis económica actual y las dificultades de acceso a la financiación bancaria con las que se encuentras los contribuyentes.

La voluntad de los órganos de recaudación es asegurar y agilizar el cobro de las deudas tributarias mediante el reforzamiento de las medidas cautelares y de los procedimientos de derivación de responsabilidad. Ambas medidas, ya previstas en la normativa tributaria, están siendo ya implementadas, especialmente, por los órganos de inspección.

Finalmente, se apunta también un aumento de empleo de las normas antiabuso ya existentes, como la responsabilidad en que se incurre en los casos de ocultación de bienes a la Administración, las actuaciones de levantamiento del velo, tendentes a exigir el pago de la deuda tributaria al deudor “real” de la misma y no al que “formalmente” pueda ostentar la deuda con la Hacienda Pública, y, en último lugar, incrementar, en su caso, las actuaciones penales por delitos de levantamiento de bienes, en actuaciones delictivas de desprenderse de bienes a los efectos de evitar su traba por parte de los órganos de recaudación de la Administración Tributaria.

Colaboración con las administraciones tributarias de las comunidades autónomas

De resultas de las medidas apuntadas en este tercer aparatado, el Gobierno apunta la necesidad de aumentar las actuaciones de colaboración y el intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatutos de Autonomía para la lucha contra el fraude en los tributos cedidos. No podemos obviar, que el sistema tributario español en su configuración actual, implica un grado de descentralización muy importante tras la cesión de competencias en diversas figuras tributarias. Dicha cesión, muy aplaudida desde el punto de vista de las autonomías y corporaciones locales, ha generado en muchas ocasiones importantes problemas de coordinación tanto de la información obtenida por la gestión de los diversos tributos, como en el control del fraude tributario. Estas disfunciones del sistema tributario español van a ser objeto de revisión a través de las medidas apuntadas por el Gobierno. En igual sentido hemos de entender el proyecto de establecimiento de cauces permanentes de intercambio de información tributaria entre el Estado y las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra.

Analizadas ya las grandes líneas de actuación recogidas en el Plan de lucha contra el fraude fiscal, es conveniente apuntar también otras medidas que el Gobierno ha apuntado que serán objeto de estudio, modificaciones normativas o adaptaciones operativas a lo largo de 2012.

Entre ellas se incluyen actuaciones dirigidas a fomentar el cumplimiento voluntario y la prevención del fraude, en cuanto permitirán liberar recursos para dedicarlos a las labores de lucha contra las formas de fraude más complejas o sofisticadas:

- Autoregularización voluntaria.
- Autocorrección de incidencias censales.
- Ampliación del ámbito del borrador del IRPF
- Potenciación de la Administración electrónica.
- Foros empresa - Administración.
- Obtención on line de información tributaria personalizada.
- Formulación de consultas a la Administración sobre el tratamiento tributario de operaciones de especial complejidad o importancia económica.


Sí constituye una novedad relevante dentro de las medidas encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal, el proyecto de regulación del uso de efectivo en las transacciones económicas de los contribuyentes. Actualmente, no existe ninguna disposición que prohíba o regule el pago en efectivo de cualquier transacción económica (con excepción de las obligaciones exigidas por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo –Ley 10/2010, de 28 de abril- frente a determinadas operaciones que, conforme a las pautas de dicha normativa, sean susceptibles de una especial investigación), apuntando el Gobierno a una posible regulación de los mismos, a semejanza de la operativa vigente en la actualidad en otros países comunitarios. En este sentido, Francia, por ejemplo, limita a 3.000 € el importe de las compras en efectivo e Italia bajo este límite a 1.000 €, obligando que para operaciones de mayor cuantía la operativa deba realzarse obligatoriamente a través de medios electrónicos de pago o bien mediante cheque bancario.

Estando a la espera de conocer el importe que finalmente operará en España, es evidente que esta actuación tiene un claro objeto, la limitación de las adquisiciones mediante efectivo que no ha sido previamente declarado al fisco.
Esta actuación la podemos encuadrar en la operativa seguida por los órganos de inspección de la AEAT de control de la operaciones con billetes de alta denominación (de 200 € y, especialmente, de 500 €) ya apuntada en el Plan Nacional de Inspección del ejercicio 2009 que desembocó en la apertura de numerosos requerimientos de información y, en algunos casos, en posteriores actuaciones de comprobación y regularización de contribuyentes en el caso que la información obtenida tras el requerimiento de información emitido no convencía a los órganos de inspección.

En tercer lugar, el Gobierno apunta ya la implementación de medidas tendentes a limitar el uso abusivo de determinados aspectos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, a los efectos de limitar las denominadas operaciones de ingeniería financiera. Deberemos esperar a las directrices que pueda establecer el Gobierno en esta materia y que delimitará la línea de actuación de los órganos de inspección en esta materia.

En igual sentido, se ha pronunciado el Gobierno, en relación a potenciar las actuaciones de lucha contra las manifestaciones más graves de fraude fiscal, es decir, los hechos constitutitos de delitos contra la Hacienda Pública.

Dentro del contexto de grave crisis económica en el que nos encontramos, España no es ajena a los deseos de terceros estados de perseguir las actuaciones vinculadas con países o territorios considerados paraísos fiscales, en aras a conseguir la efectiva tributación en territorio español de los beneficios obtenidos por los aquí residentes. En este sentido, se prevé la firma de nuevos Acuerdos de Intercambio de Información e incluir cláusulas en los Convenios de Doble Imposición ya formalizados.

En último lugar, y en clara coordinación con las medidas de Control del fraude en fase recaudatoria del Plan de lucha contra el fraude fiscal, anteriormente analizadas, hemos de señalar el propósito de consolidar un sistema de reacción frente a los fraudes en la acción de cobro, anticipándose ya una reforma de la normativa tributaria vigente en materia de responsabilidades tributarias, en la adopción de medidas cautelares y en el régimen sancionador.
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