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26/07/2012

Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles

La mediación representa una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, como sistema de resolución de conflictos que puede ayudar a que el Estado ejercite una de sus funciones esenciales: la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos, manteniendo los Tribunales de Justicia como último remedio. El mediador ha de ser un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa. Esta materia, en lo aplicable a los diversos asuntos civiles y mercantiles, carecía de regulación general en España, con alguna atención por parte de Comunidades Autónomas.


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Las Instituciones de la mediación pueden ser entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores
Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles
La mediación es voluntaria. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial
El modelo de mediación es flexible. Se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende una actuación activa orientada a la solución de la controversia por las propias partes. De hecho, se opta por la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto.

El acuerdo al que se pueda llegar podrá tener la consideración de título ejecutivo, si las partes así lo desean, mediante su elevación a escritura pública, cuya efectividad podrá instarse directamente ante los tribunales. La figura del mediador es la pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por las partes.

1. Ámbito de aplicación

Se aplica a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes.

No se aplica a:

a) La mediación penal.
b) La mediación con las Administraciones Públicas.
c) La mediación laboral.
d) La mediación en materia de consumo.

Si hay elementos extranjeros (mediación transfronteriza): se aplica si las partes se someten expresamente a dicha mediación o, en su defecto, cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español, siempre y cuando las partes lo acuerden o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable.

La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones legales, civiles y mercantiles desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso. Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el artículo 19, se reanudará el cómputo de aquellos plazos. La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en esta Ley.

Las Instituciones de la mediación pueden ser entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores. Deberán garantizar la transparencia en la designación de mediadores y asumirán subsidiariamente la responsabilidad derivada de su actuación.

Darán publicidad de los mediadores que actúen en su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia.

2. Principios informadores de la mediación: voluntariedad y libre disposición

La mediación es voluntaria. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial.

Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato que conste. Nadie esta obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. En la mediación existe confidencialidad, están obligados a ella, bajo responsabilidad, las partes y el mediador. Habrá Neutralidad en las actuaciones se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación.

La sumisión al sistema de mediación es voluntaria, aun cuando exista un pacto por escrito de acudir a ella, y deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. Habrá Neutralidad en las actuaciones se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación.

3. Principios en la actuación de las partes

La mediación se organizará del modo que las partes tengan por conveniente y actuarán conforme a los principios de buena fe y respeto mutuo.

Durante el plazo que una cuestión sea sometida a mediación, no podrán interponer entre sí, las partes intervinientes en aquel proceso de mediación, ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto. Asimismo, las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador.

4. El mediador debe cumplir con unos requisitos

Puede ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en la ley.

Deberá contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas.

El contenido de la formación será teórico y práctico y estará formado por conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación.

El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil.

5. Responsabilidad

La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo.

El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, contra la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de la mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben.

6. Costes

Serán soportados por partes iguales, haya concluido o no en acuerdo, por cada parte, salvo pacto en contrario. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir la provisión de fondos que estimen necesaria

7. Procedimiento de la mediación

Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como enseña la experiencia aplicativa de esta institución, no es extraño que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones, sin intención de alcanzar un acuerdo de contenido concreto.

7.1. Solicitud de inicio:

Puede ser de común acuerdo -designando el mediador o por una de las partes en cumplimiento de un pacto previo y expreso de sometimiento a mediación que ambas partes pudieran haber suscrito.

Se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto.

Si está en curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión.

7.2. Sesión informativa:

El mediador o la institución de mediación citarán a las partes, salvo pacto en contrario, para la celebración de la sesión informativa.
En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes, se entenderá que desisten.

Se enumera el contenido mínimo del que el mediador informará a las partes.

7.3. Sesión constitutiva:

En la misma, las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los aspectos fundamentales que se enumeran, tales como su identificación, mediador, objeto, programa, duración, lugar…

Se levantará un acta en la que consten estos aspectos, que será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto.

9. Terminación del procedimiento

Las causas en base a las cuales puede terminar dicho procedimiento, son las siguientes:

Por haberse alcanzado un acuerdo o no haberse llegado al mismo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento, así como si el mediador aprecia de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurre otra causa que determine su conclusión La renuncia o rechazo del mediador sobre la cuestión sometida al mismo sólo producen la conclusión si no se nombra a otro.

El acta final determinará la conclusión de aquel procedimiento y, en su caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o bien reflejará con toda claridad su finalización por cualquier otra causa. Del acta, firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores, se entregará un ejemplar original a cada una de ellas.

El mediador formará un expediente con los documentos que no hubieran de devolverse a las partes, debiendo de ser conservado y custodiado por el mediador o por la institución de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de 4 meses a contar desde la fecha de la referida acta final de conclusión del procedimiento.
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