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31/03/2011

El uso de los medios informáticos para fines particulares por el trabajador. Control y facultades empresariales.

El control de uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario, viene regulado por lo establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores donde se establece que "el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana (…)" y no, como por algún sector doctrinal se había llegado a entender, por el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que regula los registros sobre la propia persona del trabajador, taquillas y efectos particulares (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26.09.2007 (RJ 2007, 7514).


David García | Gerente Área Procesal Laboral | Ribé Salat


En los supuestos de control de uso del ordenador de empresa, no sería exigible la presencia del trabajador y de los representantes de los trabajadores.
El uso de los medios informáticos para fines particulares por el trabajador. Control y facultades empresariales.
La empresa debería hacer de acuerdo con las exigencias de la buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios.
Así, por ejemplo, en los supuestos de control de uso del ordenador de empresa, no sería exigible la presencia del trabajador y de los representantes de los trabajadores y/o sindicales en la revisión del ordenador, ni que el mismo se realice en el tiempo y lugar de trabajo.

Ahora bien, este control no puede ser ilimitado pues como el propio artículo 18 indica, estas facultades de vigilancia y control tienen que guardar “en su adopción y aplicación la consideración debida” a la dignidad del trabajador. En este sentido, la propia sentencia referida de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, seguida –entre otras- por la de 15.01.2010 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (AS 2010/980), reconoce la existencia de un hábito generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores; tolerancia que crea una expectativa –para el trabajador- de confidencialidad en esos usos y, esa expectativa, si bien no puede ser desconocida, tampoco puede convertirse en un impedimento permanente del control empresarial, porque, aunque el trabajador tiene derecho al respeto de su intimidad, no puede imponerse ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por ésta para su uso.

De esta manera, lo que la empresa debería hacer de acuerdo con las exigencias de la buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios –con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores que va a existir un control y de los medios que se aplicarán en orden a comprobar la corrección de los usos. Así, si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado “una expectativa razonable de intimidad” en los términos que establecen las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25.06.1997 (TEDH 1997-37, caso Halford) y 3.04.2007 (TEDH 2007-23, caso Copland).


Conclusiones

Conforme a lo expuesto, la utilización personal de los medios informáticos de titularidad de la empresa constituye, en principio, un incumplimiento contractual que, en casos extremos, puede llevar aparejada la máxima sanción disciplinaria, el despido. Porque si bien, prima facie, puede entrañar la transgresión de la buena fe contractual y constituir un abuso de confianza, sin embargo y en general, los tribunales han venido admitiendo un cierto margen de tolerancia respecto de tales usos, de tal suerte que para considerar transgredida la buena fe contractual es preciso excederse más allá de lo considerado como un uso moderado de los mismos; todo y que, puntualmente, pueda surgir alguna resolución judicial, como la recientemente publicada en el diario Expansión, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que calificó como improcedente el despido de un trabajador que puso en peligro el sistema informático de la empresa cuando visitaba páginas pornográficas desde el portátil de empresa, contraviniendo las instrucciones dadas por la propia organización sobre el uso de ordenadores.

Solamente si la empresa ha establecido una prohibición de uso para fines privados y ha avisado a los trabajadores de la posibilidad de hacer controles, podrá entenderse que al registrar el ordenador no ha vulnerado el derecho a la intimidad. Consecuentemente, la empresa ha de avisar previamente a sus empleados de la fiscalización de su prestación de servicios, estableciendo las reglas de uso de esos medios e informado tanto de la existencia de controles como de las medidas a adoptar para garantizar la efectiva utilización laboral del medio.
Ribé Salat
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