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28/04/2011

El caso de las cuentas robadas del Banco HSBC de Ginebra.

La Corte de Apelación de París ha estimado recientemente el recurso interpuesto por un contribuyente contra las actuaciones de la Inspección de Hacienda francesa en el marco de una investigación por las cuentas opacas del HSBC de Ginebra.


Diego Artacho | Socio. RCD Asesores legales y tributarios.


En el caso enjuiciado, a partir de los listados de clientes robados por el ex empleado del Banco Hervé Falciani, la Hacienda francesa había obtenido autorización judicial para registrar varios locales y cajas fuertes de un contribuyente. Frente a tales actuaciones, el afectado interpuso un recurso alegando que las pruebas esgrimidas por Hacienda no eran válidas porque procedían de un robo. El Tribunal de París da ahora la razón al contribuyente, invalidando las actuaciones de registro practicadas, ya que considera indudable que el origen de las informaciones es ilícito y que, por lo tanto, éstas no pueden ser utilizadas por las Autoridades fiscales o judiciales. Además, el Tribunal condena al Director General de Impuestos a pagar las costas del proceso.

La decisión del Tribunal de París puede resultar de especial relevancia para el resto de países, entre ellos España, que cuentan con ciudadanos incluidos en los listados sustraídos del HSBC. Y ello, por cuanto no hay que olvidar que las autoridades fiscales francesas constituyen la fuente que les ha suministrado la información y que son los tribunales de ese mismo país los que ahora niegan validez a las pruebas remitidas. Dicho de otro modo, la justicia del país origen de las pruebas considera que las mismas son ilícitas y no pueden ser utilizadas por sus autoridades.

La decisión del Tribunal de París pone de relieve las dudas que desde el primer momento han existido sobre la validez de unas pruebas cuyo origen se encuentra en una actuación delictiva que vulnera el derecho a la intimidad de los ciudadanos afectados. Con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico (art. 11.1 LOPJ), los listados del HSBC no podrían ser utilizados como prueba en un proceso sancionador, administrativo o penal, ya que toda prueba obtenida violentando directa o indirectamente los derechos fundamentales de los ciudadanos se reputará nula.

Sólo una minoría optó en su día por no colaborar ante los requerimientos de la Agencia Tributaria española, y son éstos los que ven ahora reforzada en cierta medida su posición jurídica a raíz del pronunciamiento de la Corte de Apelación de París. En todo caso, serán los acontecimientos futuros los que determinarán hasta qué punto los tribunales de justicia españoles están dispuestos a asumir esa doctrina y en qué medida las intensas labores de investigación y documentación desarrolladas durante este último año por la Agencia Tributaria son suficientes para constituir un material probatorio jurídicamente independiente de los primitivos listados robados y sustentar de este modo una eventual condena penal. En cualquier caso, el proceso ya ha comenzado, los primeros informes de Hacienda ya han llegado a la Fiscalía, La Agencia Tributaria anuncia a bombo y platillo un macroproceso en la Audiencia Nacional con decenas de imputados, y todo ello deberá estar preparado para junio de este año, ya que los primeros datos que se obtuvieron del banco datan de 2005, y en junio prescriben penalmente el I.R.P.F y el Impuesto sobre el Patrimonio de ese año.
Si a este asunto unimos el precedente de las cuentas robadas de un banco de Liechtenstein y la proliferación de Convenios de doble imposición entre países del ámbito de la OCDE y antiguos paraísos fiscales, podemos aventurar que éstos tiene los días contados, y que el dinero opaco puede dejar de serlo en un periodo de tiempo no muy extenso. Mientras, regularizar es siempre una opción, una buena opción sin duda.
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