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03/01/2017

Caso práctico: ¿Puede entenderse que si la sociedad a se ha extinguido registralmente, por consiguiente, se ha extinguido su deuda con su acreedor?

CASO PLANTEADO

1.- En 2006 la mercantil A compra a una persona física un paquete de acciones de una sociedad anónima con aplazamiento de parte del precio, y en garantía del pago de parte del mismo, se establece una pignoración sobre parte de las acciones que se venden.

2.- En 2007 la mercantil A vende las acciones adquiridas, las cuales, después de diversas operaciones mercantiles, recalan en la sociedad B, sociedad vinculada. En todo momento se ha considerado que la pignoración pervive en cada una de las operaciones realizadas.

3.- En el año 2012 la sociedad A es declarada en concurso voluntario de acreedores. Hasta ese momento estaba al corriente de pago con el vendedor de las acciones. Sin embargo, ha incumplido los plazos que han vencido con posterioridad al concurso 2013 a 2017 (5 pagarés iguales cada uno) El crédito se califica como ordinario dentro del concurso.

4.- En el año 2014 se declara disuelta la sociedad A (deudora) y se abre la fase de liquidación de la mismas. Estas circunstancias constan inscritas en el Registro Mercantil. A la fecha actual, no se ha procedido a la total liquidación de sus activos. Las posibilidades de que el acreedor citado pueda cobrar con bienes de la sociedad liquidada son nulas. Asimismo, el concurso se ha declarado fortuito.

5.- A día de hoy el acreedor no ha ejecutado la prenda contra la sociedad B titular de las acciones.

Esta es la situación.

1.- Entiendo que, en todo caso, la deuda con el acreedor no puede considerarse extinguida en el seno de la sociedad A -ni por tanto puede extenderse sus efectos al fiador- hasta tanto no se haya liquidado totalmente el activo de la sociedad, algo que no ha ocurrido. Sin embargo, cuando se cierre la hoja registral de la sociedad A, se extinga tras su plena liquidación, la pregunta sería:

a. ¿Puede entenderse que si la sociedad A se ha extinguido registralmente, por consiguiente, se ha extinguido su deuda con su acreedor?

b. ¿Caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, puede entenderse que si la obligación principal de la concursada se ha extinguido, se extingue, con ella, todos los contratos accesorios, entre ellos el derecho de prenda que pende sobre las acciones, y, por consiguiente, el acreedor carece de acción alguna frente a la sociedad vinculada B, titular de las acciones pignoradas.

2.- ¿Cuál es el plazo para que el acreedor ejecute la garantía, con determinación de los dies a quo, me explico: la concurrencia del concurso no ha impedido al acreedor a ejecutar las garantías contra el fiador por los plazos vencidos (2013, 2014, etc.), dado que existía un paquete de acciones pignoradas por cada pagaré que ha ido venciendo cada año.


Amado Consultores



SOLUCIÓN


a. ¿Puede entenderse que si la sociedad A se ha extinguido registralmente,
por consiguiente, se ha extinguido su deuda con su acreedor?

De ningún modo puede entenderse que al extinguirse formalmente la sociedad A
se ha extinguido la deuda. De hecho, cuando el concurso concluye y se archiva,
ni las acciones contra la sociedad ni las que la concursada tenga a favor se
extinguen en ningún caso. Las obligaciones y derechos de A se mantendrán en el
tiempo, hasta sus respectivos plazos de prescripción. Además, en el caso de la
consulta, existe una prenda de las acciones por lo que, el derecho real se
extinguirá según los plazos de la acción de reclamación de la deuda principal y
de la prenda.

Esto es jurisprudencia concursal asentada y pacífica y de hecho todas las
conclusiones de concurso se realizan por Auto, especificando que si aparecen
nuevos bienes o derechos, se reabrirá el concurso. Así por tanto, cuando el
concurso concluye, empiezan a correr de nuevo los plazos de prescripción, pero
no se extinguen por la conclusión del concurso. Esta es la consecuencia del
artículo 178 de la Ley Concursal.

En este supuesto, podemos destacar por ejemplo el auto de conclusión de la
Sentencia del Mercantil 1 de Barcelona, Ponente: Ríos López, Yolanda - Nº de
Auto: 176/2016 - Nº de Recurso: 786/2013, o incluso la Sentencia 24/2015, del
Juzgado Mercantil 1 de Murcia, de 27 de enero:

CUARTO.- La conclusión del concurso no empece, no obstante a las obligaciones
derivadas de la ley concursal y conforme establecía el artículo 178 Ley
Concursal, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes,
pudiendo los acreedores iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde
la reapertura del mismo o se declare nuevo concurso, pero sí procede la
extinción y cierre de la hoja de inscripción en los registros públicos que
corresponda, librando mandamiento. Es por ello que, conforme al artículo 178.3
Ley Concursal, procede acordar la extinción de la concursada y la cancelación de
su inscripción en los Registros Públicos.

Por tanto en virtud del artículo 178 de la Ley Concursal, cuando se concluye
el concurso, el deudor, en este caso A, queda responsable del pago de los
créditos restantes y no queda de ningún modo exonerado. Los acreedores pueden
iniciar las ejecuciones singulares que deseen y si tienen noticias de nuevos
bienes, pueden embargarlos.

b. ¿Caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, puede entenderse que si
la obligación principal de la concursada se ha extinguido, se extingue, con
ella, todos los contratos accesorios, entre ellos el derecho de prenda que pende
sobre las acciones, y, por consiguiente, el acreedor carece de acción alguna
frente a la sociedad vinculada B, titular de las acciones pignoradas.

La respuesta anterior no es afirmativa por lo que tampoco puede serlo esta.
La obligación de la concursada no se ha extinguido, por tanto tampoco los
contratos accesorios. Lo que está claro es que la persona física puede seguir
reclamando a B las acciones en prenda, debido a que existe la garantía real y
que subsiste la acción principal. De hecho durante el mismo concurso le hubiera
sido posible a la persona física ejercer la acción contra A y contra B, y
entablar un procedimiento judicial cambiario o declarativo.

2.- Cuál es el plazo para que el acreedor ejecute la garantía, con
determinación de los dies a quo, me explico: la concurrencia del concurso no ha
impedido al acreedor a ejecutar las garantías contra el fiador por los plazos
vencidos (2013, 2014, etc...), dado que existía un paquete de acciones
pignoradas por cada pagaré que ha ido venciendo cada año.

El artículo 60 de la Ley Concursal interrumpe toda prescripción contra el
deudor, pues de lo contrario cuanto más se dilatara el concurso menos créditos
serían reclamables. Dicho artículo dispone lo siguiente:

Artículo 60 Interrupción de la prescripción

1. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida
la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a
la declaración.

2. La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores
solidarios, así como tampoco a los fiadores y avalistas.

3. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida
la prescripción de las acciones contra socios y contra administradores,
liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora.

También quedará interrumpida la prescripción de las acciones cuyo ejercicio
quede suspendido en virtud de lo dispuesto en esta ley.

4. En el supuesto previsto en los apartados anteriores, el cómputo del plazo
para la prescripción se iniciará nuevamente, en su caso, en el momento de la
conclusión del concurso.

Sin embargo, el concurso de acreedores no puede perjudicar a B, y por tanto
el plazo de prescripción para ejecutar las acciones pignoradas empezó a correr
desde el impago en 2012, cuando A entró en concurso e impagó. De otro modo, si
el concurso durara 20 años, la acción podría ejercitarse contra B pasados estos
20 años, lo que vulneraría la seguridad jurídica que prescribe nuestra
Constitución en el artículo 9.3 CE.

Sin embargo, el dies a quo para reclamar la ejecución de las acciones en
prenda viene marcado por los plazos de ejecución de la prenda.

En primer lugar, para que dicha prenda se pueda ejecutar contra B,
propietario de las acciones, es necesario que se haya respetado el marco
normativo del artículo 1863 y siguientes del Código Civil. Así por tanto, en
virtud del artículo 1865, la prenda se debe haber constituido en Póliza
intervenida por Corredor de Comercio o en Escritura Pública. De otro modo, no
surtirá efecto frente a B.

En segundo lugar, conviene remarcar que el acreedor pignoraticio tiene el
total ius distrahendi, derecho de instar la venta de la cosa pignorada para
hacerse pago de su crédito garantizado, y tiene dos medios para realizar las
acciones que constituyen el sustrato objetivo de la prenda:

- Reclamar judicialmente su crédito y proceder a la venta de la prenda según
el procedimiento de la Ley de enjuiciamiento Civil.

- Proceder extrajudicialmente al artículo 1.872 del Código Civil. En este
caso y si la prenda se hubiera realizado sin desplazamiento, se aplicarían las
normas de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda
sin desplazamiento, artículos 94 y 95. En el caso de que la prenda sea sobre
valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, se podría
proceder mediante los artículos 320 y siguientes del Código de Comercio.

En todo caso debe quedar claro que frente a terceros, si se ha formalizado en
documento público el contrato de prenda, el acreedor pignoraticio cuenta con un
derecho real de garantía sobre las acciones empeñadas, oponible frente a
terceros. El artículo 1926 del código civil y 1869 del mismo texto legal son muy
claros al respecto.

Por tanto, desde el pasado 7 de octubre de 2015, día en el que entró en vigor
la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, el plazo para la prescripción general de las deudas (que
no tengan un plazo especial de prescripción, señalado en el artículo 1.964 CC)
se ha reducido de quince a cinco años, por lo tanto cuando impagó A al entrar en
concurso de acreedores en 2012, empezaron a contar quince años pero al haber
existido la modificación aquí explicada, el plazo para ejercitar la acción de
ejecución de la prenda prescribirá en todo caso el 7 de octubre de 2020.

Por tanto desde el 7 de octubre de 2015, la persona física vendedora tiene 5
años para realizar alguno de los procedimientos para ejecutar las acciones
pignoradas.

Por otro lado, ya que se mencionaban los pagarés, conviene apuntar que en
virtud del artículo 88 en relación al artículo 96 de la Ley Cambiaria y del
Cheque, la persona física que tiene los pagarés en su poder, tiene 3 años para
reclamarlos frente a A desde su vencimiento. Dichos plazos de prescripción
pueden interrumpirse mediante lo dispuesto en el artículo 1973 del Código Civil,
es decir reclamación judicial, extrajudicial o aceptación de la deuda por el
deudor.

Normativa aplicada

- Ley Concursal 22/2003: Artículos 60 y 178.

- Código Civil: Artículos 1973, 1964, 1863 y siguientes.

- Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
desplazamiento, artículos 94 y 95.

- Código de Comercio del 22 de agosto 1885: artículos 320 y siguientes.

- Constitución Española de 1978. Artículo 9.3.

- Ley Cambiaria y del Cheque 9/1985: artículos 88 y 96.

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