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17/05/2012

Amnistía fiscal

El viernes 30 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 12/2012, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas con el objetivo de reducir el déficit público, y que incluye, como medida estrella, un programa de AMNISTIA FISCAL que permitirá la regularización voluntaria de rentas no declaradas por personas físicas y sociedades, mediante el pago de un gravamen especial del 10% sobre el importe de los fondos o el valor de adquisición de los activos no declarados, con exclusión de eventuales responsabilidades por delito fiscal y sin imposición de sanciones o recargos administrativos o intereses de demora.


José Mª Sánchez Alborch | Presidente | Asesoría Financiera, S.A.


Amnistía fiscal
Seguro que estos últimos días han recibido mucha información acerca de la amnistía fiscal y les asaltan un montón de dudas al respecto. Con la presente circular pretendemos arrojar un poco de luz e informarles sobre dicho programa de AMNISTIA FISCAL, además de ponernos a su entera disposición para resolver cualquier consulta que quieran efectuarnos al respecto.

Los requisitos para que los contribuyentes puedan acogerse a este programa de amnistía fiscal son:

1.- Que sean titulares de los bienes y derechos con anterioridad a la finalización del último periodo impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de la norma (en general, 31 de diciembre de 2010).

En consecuencia, sólo los hechos imponibles producidos hasta el 31 de diciembre de 2010 podrán regularizarse a través del programa de amnistía fiscal. Los fondos obtenidos con posterioridad a dicha fecha deberán incluirse en declaraciones fiscales ordinarias que correspondan a los ejercicios 2011 y 2012, cuyo plazo de presentación no ha expirado aún, y que deberán ser consistentes con las regularizaciones que se lleven a cabo antes del 30 de noviembre de 2012.

2.- Que presenten una declaración extraordinaria con la información necesaria sobre tales bienes derechos antes del 30 de noviembre de 2012.

Cabe señalar que dicho modelo de declaración debe aprobarlo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien tendrá que adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición.

3.- Junto con la declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.

Es de suponer que la Administración admitirá la presentación de certificados bancarios, aunque provengan de paraísos fiscales.

4.- Que las regularizaciones voluntarias se efectúen antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella criminal.

Es necesario recordar que dicha norma está pendiente de la definitiva convalidación parlamentaria, así como del reglamento correspondiente que la desarrolle. Quedan todavía muchos cabos sueltos por aclarar. Tendremos que esperar a ver cómo queda el desarrollo reglamentario de dicha amnistía fiscal, pero en el ínterin, dado el poco margen que concede para acogernos a la misma (antes del 30 de noviembre de 2012), conviene estudiar, en cada caso, la conveniencia de aflorar bienes o derechos no declarados (eufemismo para designar el dinero negro, proveniente o no de paraísos fiscales) y acogerse al programa de amnistía fiscal. Para ello, conviene hacer las siguientes reflexiones:

1.- Este procedimiento especial de regularización convivirá, hasta el 30 de noviembre, con el procedimiento ordinario de regularización mediante la presentación de declaraciones fiscales complementarias en relación a los impuestos y periodos no prescritos, por lo que será preciso analizar, en cada caso concreto, la conveniencia de que el contribuyente se acoja a uno o a otro procedimiento. En muchos supuestos el procedimiento ordinario puede resultar más beneficioso que el gravamen especial establecido por la amnistía fiscal.

2.- La amnistía fiscal está limitada a los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Quedan fuera otros impuestos como el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Habrá, pues, que prestar especial atención a aquellos hechos imponibles de estos impuestos que pudieran ponerse de manifiesto mediante la regularización voluntaria, comprometiendo la posición del contribuyente al no quedar cubiertos por la amnistía fiscal.

3.- Una de las ventajas del nuevo programa de amnistía fiscal reside en la posibilidad de evitar la necesidad de probar la titularidad de los fondos en una determinada fecha y tener que calificar el tipo de renta (como rendimientos del trabajo o del ahorro, como ganancia de capital) a los efectos de establecer la tributación que pudiera corresponderles en régimen ordinario. La amnistía fiscal pretende simplificar este proceso, a riesgo de incrementar el coste de la regularización en numerosos supuestos.

4.- Otra de las ventajas es que se pueden regularizar situaciones de ejercicios no prescritos: el único límite está, como ya hemos dicho, en que sean titulares de los bienes y derechos con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

5.- Pero la máxima ventaja es, sin duda, que se elimina la obligación para la Administración Tributaria de remitir los expedientes de regularización fiscal a los tribunales por eventuales responsabilidades por delito fiscal. A partir de ahora, las autoridades fiscales podrán proceder al archivo de los expedientes de regularización fiscal sin necesidad de denunciar al contribuyente ante las autoridades judiciales si no aprecian indicios de la comisión de otros delitos distintos al delito fiscal.

Esta amnistía ha provocado numerosas críticas, ya que supone tratar mejor al defraudador que al contribuyente ejemplar, pero el gobierno ha optado por facilitar la regularización de fondos y activos no declarados (el denominado dinero negro) para incrementar en el futuro la recaudación tributaria, más allá del gravamen especial del 10% del importe o valor de adquisición de los mismos. En la actual situación de falta de liquidez en el mercado financiero, la incorporación de este efectivo podría paliar, de forma significativa, esta situación. Se ha esgrimido también que este programa de amnistía fiscal es anticonstitucional por cuanto va en contra de los principios de generalidad, igualdad y justicia tributaria, pero el Tribunal Constitucional ha declarado que cabe excepciones a los mismos siempre que estén amparadas por otros principios constitucionales y la situación económica del país parece que lo es. Además, el quebranto de tales principios podría quedar paliado si, tal y como se ha anunciado, se produce un endurecimiento del régimen sancionador tributario a partir de 2013.

El plazo para acogerse al perdón acaba el 30 de noviembre de 2012. Después deberemos entender que la Administración podría poner en marcha todos los convenios de doble imposición y acuerdos de información que hemos firmado en los últimos años con territorios calificados como de nula o baja tributación, presionando a sus Autoridades fiscales a proporcionar los datos de los contribuyentes que no se hayan acogido a la regularización; y, lo que es más importante, endurecer el régimen sancionador para el dinero no declarado.

El premio, caso de acogerse a dicha amnistía fiscal, es que dichos fondos tendrán la bendición fiscal de la Administración, lo que no es poco. El castigo será la entrada en vigor de nuevas medidas anti-evasión fiscal y nuevas sanciones con relación al fraude fiscal.

Como habrán podido apreciar tras este breve análisis, el programa de amnistía fiscal presenta no pocas ventajas, pero también puede tener consecuencias no deseables para el contribuyente, por lo que conviene analizar con detalle cada caso antes de acogerse a la misma. Les recomendamos encarecidamente que nos consulten antes de tomar cualquier decisión al respecto. Estaremos encantados de atenderles.
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