Recientemente ha sido aprobado el desarrollo reglamentario de la nueva obligación que va encaminada al control de aquellos mecanismos utilizados para reducir el coste fiscal derivado de las operaciones internacionales que puedan considerarse de riesgo.
El Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, que modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, -Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio-, regula esta nueva obligación que va encaminada al control de aquellos mecanismos utilizados para limitar la fiscalidad de las operaciones internacionales realizadas.
Su origen viene dado por la publicación el 5 de junio de 2018, en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva 2018/822 que regula una nueva obligación de información, a las administraciones tributarias, de aquellos mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva, para que la misma sea traspuesta a la normativa interna de cada Estado miembro.
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