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El 13 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que pretende continuar con la línea iniciada hace ya unos cuantos años de prevenir el blanqueo de capitales. Se ha justificado la norma por parte del Ejecutivo Español en que “no puede haber justicia social sin justicia fiscal”.
Una de las medidas acordadas en esa norma es el endurecimiento en la restricción de los pagos que se realizan en efectivo metálico. Para determinadas operaciones económicas en las que una de las partes sea empresario, este límite se reduce de 2.500 € a 1.000 €. El límite para las operaciones entre particulares continúa en los 2.500 €. Para aquellas personas que tengan su domicilio fiscal fuera de España, el límite de pagos en efectivo pasa de 15.000 € a 10.000 €.
Oposición a la iniciativa
Esta iniciativa de lucha contra el fraude fiscal no ha sido bien acogida por los comerciantes que aseguran que servirá para limitar el consumo y frenar la recuperación económica ocasionada por la crisis financiera iniciada en 2008 y agravada considerablemente por la crisis económica ocasionada por la actual situación de pandemia que venimos sufriendo desde hace más de un año.
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