Las inspecciones tributarias: el registro de domicilios o de empresas y las cajas de seguridad privadas

La estrategia inspectora de la Agencia Tributaria recibió recientemente una sentencia adversa por parte del Tribunal Supremo que le impidió registrar domicilios o empresas, sin justificar pormenorizadamente al juez por qué debía autorizar este paso. Mientras que la Hacienda Pública reclama una nueva regulación que clarifique en qué supuestos está autorizada a hacerlo, y que permita el registro sin necesidad de avisar al contribuyente de que está sujeto a una inspección para evitar la destrucción de pruebas, a Hacienda se le ha abierto un nuevo frente judicial en torno a la inspección de cajas de seguridad.

El asunto, que no parece que vaya a ser pacífico, ha llevado ya a pronunciarse recientemente en dos ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ante la demanda de dos contribuyentes que se oponían, el Tribunal ha fijado su criterio sobre qué requisitos deben darse para permitir a la Agencia Tributaria el precinto de una caja de seguridad, el paso previo a su apertura que persigue evitar que su dueño pueda manipular el contenido.

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