La protección al informante o “whistleblower” en el canal de denuncias 

El pasado 4 de marzo de 2022, el Consejo de ministros aprobó el Anteproyecto de Ley que regulará la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción, también conocidas como “Whistleblowers”, con el fin de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.

El objeto de la directiva es la protección de los denunciantes, es decir, de todas aquellas personas que pongan de manifiesto cualquier conducta que pueda ser identificada como fraude, corrupción, una violación al derecho de la UE o del ordenamiento jurídico interno.

Asimismo, la denuncia de los tipos de delitos mencionados no se encasilla en la denuncia de la mera corrupción o el fraude, sino de cualquier tipo de delito o infracción, ya sea administrativa, contra la hacienda pública o que pueda poner en riesgo la seguridad en el trabajo.

Los trámites necesarios para llevar a cabo un correcto funcionamiento del canal de comunicación interna tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

• Un canal de denuncias que cumpla con los requisitos de seguridad y confidencialidadpara garantizar el anonimato del “whistleblower”.
• Se deberá designar una persona o departamento encargado de la recepción, acuse de recibo, tramitación y seguimiento de la denuncia.
• Tras el acuse de recibo por el encargado, el plazo para dar respuesta no podrá superar los 90 días.
• El procedimiento de denuncia contará con una información clara y expresa de la denuncia ante las autoridades.

Es, por lo tanto, que el mecanismo para la salvaguarda de los “whistleblowers” será la correcta implantación de un canal de comunicaciones que cuente con las garantías suficientes para asegurar su anonimato y evitar cualquier tipo de represalia contra ellos.

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