Fake news, protección del derecho al honor y responsabilidad de plataformas digitales en el ámbito civil

En dicha sentencia se condena a una persona a 15 meses de prisión por un delito contra los derechos fundamentales por difundir a través de twitter el video de una agresión a una mujer atribuyéndola a menores no acompañados (MENA) de un centro de Canet de Mar acompañando la grabación por el comentario “aquí tenéis el vídeo del MENA marroquí de Canet de Mar. A esos que le vamos a dar una paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri la viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios”.

La cuestión es que realmente los hechos ocurrieron, pero no en Canet de Mar, sino en China, ni fueron cometidos por la persona o la descripción que el usuario de twitter publicaba. La sentencia, a la que todavía no hemos podido tener acceso, dado que no ha sido publicada, recoge el acuerdo de conformidad y condena al acusado a 15 meses de prisión, multa de 9 meses con cuota diaria de 6 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre por tiempo de 5 años superior a la pena impuesta, así como impone al condenado a clausurar sus perfiles en redes sociales con prohibición de abrir otros nuevos con contenidos discriminatorios.

Ciertamente las nuevas tecnologías y la sociedad de la información han provocado un cambio radical en el acceso a esta, así como la atomización de sus fuentes, no siempre fiables. En la actualidad, la emisión de cualquier tipo de información puede tener una gran repercusión, tanto para individuos concretos, como para la generalidad de la población. Y muchas veces la información se publica de forma intencionadamente sesgada o manipulada para la consecución de determinados fines por parte de quien promueve la comunicación.

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