Compliance en derecho de defensa de la competencia  

En los últimos años, el derecho de la competencia, su respeto y la eficiencia como norma nuclear de conducta en el mercado se están posicionando como elementos esenciales en la toma de decisiones de los órganos de decisión de las empresas. Se trataba ya de una materia ampliamente desarrollada desde la defensa pública del mercado y de la competencia —el denominado public enforcement—, a través de los organismos reguladores autonómicos, nacionales y comunitarios, quienes han desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados para detectar y sancionar conductas anticompetitivas. Tan solo hace falta repasar las últimas resoluciones de la CNMC publicadas en su web, así como las investigaciones en curso, para percibir de la multiplicidad de casuísticas sobre las que una empresa puede quedar presa de erróneas decisiones adoptadas por sus equipos directivos. Sobre esta base, se debe ser consciente que las empresas y sus órganos de dirección pueden verse sometidos a complejas y tediosas investigaciones que pueden finalizar con relevantes sanciones económicas. En algunos casos estas pueden llegar hasta el 10% del del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa, más una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en la conducta.

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