Cómo enfrentar una reclamación por negligencia profesional: claves legales y estrategia de defensa 

En el ejercicio de una actividad profesional —ya sea en el ámbito jurídico, sanitario, técnico o consultivo— existe una responsabilidad inherente: actuar con la diligencia exigible según la naturaleza del servicio prestado. Cuando un cliente considera que ha sufrido un perjuicio económico o personal debido a un error u omisión del profesional, puede iniciar una reclamación por negligencia. En ese momento, la cuestión deja de ser solo técnica para convertirse en un problema jurídico y asegurador que debe gestionarse con rigor.

Responsabilidad civil profesional y fundamento legal

La base jurídica de estas reclamaciones se encuentra en el artículo 1902 del Código Civil, que establece que quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a repararlo. En el ámbito profesional, esta obligación implica analizar si existió una actuación contraria a la lex artis, es decir, a los estándares ordinarios de diligencia que debe observar un profesional en su sector.

La responsabilidad surge cuando el daño es consecuencia de una actuación objetivamente deficiente y exista un nexo causal directo entre el error y el perjuicio alegado.

Fases habituales ante una reclamación por negligencia

Aunque cada caso presenta matices, las reclamaciones siguen normalmente un esquema evolutivo:

Primero un requerimiento inicial. La reclamación suele comenzar con una comunicación formal del cliente en la que expone el daño y solicita explicaciones o una compensación. Este primer momento es clave: la respuesta debe ser prudente, documentada y asesorada. Una contestación impulsiva puede empeorar la posición defensiva.

Después, un peritaje y análisis de la actuación profesional: para valorar si existió o no negligencia, se requiere una evaluación técnica. Un perito experto debe analizar la actuación cuestionada y determinar si se ajusta a los estándares profesionales. Este informe será decisivo tanto en la negociación como en un eventual juicio.

A continuación, se realiza la negociación y propuesta de acuerdo. Muchas controversias se resuelven mediante pactos extrajudiciales, en los que la aseguradora —si reconoce cobertura— puede intervenir. La negociación busca evitar costes, tiempos prolongados y el desgaste reputacional que supone un procedimiento judicial.

La última fase es la de procedimiento judicial. Si no hay acuerdo, la reclamación puede derivar en una demanda civil. En ese contexto, la defensa se centra en discutir tres aspectos: inexistencia de negligencia, ausencia de nexo causal o inexistencia de daño indemnizable. El informe pericial y la documentación del expediente profesional adquieren aquí su máxima relevancia.

Estrategia de defensa: criterios esenciales

No todos los resultados adversos derivan de negligencia; en muchas ocasiones, la complejidad del caso, la información disponible o los factores externos explican el desenlace.

Asimismo, la consistencia documental (correos, informes, advertencias previas, hojas de encargo, presupuestos, consentimiento informado) suele ser la mejor herramienta defensiva. La ausencia de documentación clara debilita casi siempre la posición del profesional.

Recomendaciones prácticas para profesionales

Para prevenir conflictos y asegurar una defensa sólida en caso de reclamación, conviene adoptar medidas preventivas:formalizar siempre una hoja de encargo o acuerdo de servicios que delimite el alcance del trabajo y las expectativas del cliente.

También documentar las decisiones técnicas relevantes y las advertencias realizadas durante el proceso. Es importante revisar anualmente la póliza de responsabilidad civil.

Y siempre comunicar a la aseguradora cualquier incidenteque pueda derivar en reclamación, incluso antes de que esta se materialice.

Conclusión

Enfrentar una reclamación por negligencia profesional no significa asumir automáticamente un error. Supone activar un proceso técnico y jurídico en el que el análisis objetivo de la actuación, la documentación de la relación profesional y la adecuada coordinación con la aseguradora resultan determinantes. Una gestión estratégica y profesionalizada no sólo protege el patrimonio del profesional, sino también su reputación, que en muchas ocasiones constituye su principal activo.

Si tenéis alguna duda, desde Toro Abogados os pueden asesorar.