La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha tramitado recientemente un expediente sancionador por represalias contra una persona informante, imponiendo una primera sanción económica de elevada cuantía. Se trata del primer precedente desde que la OAC dispone depotestad sancionadora en materia de protección de informantes.
El mensaje es claro: la protección de quienes utilizan el Canal Ético ya no es una obligación formal, sino una responsabilidad efectiva, cuyo incumplimiento puede tener consecuencias económicas y reputacionales relevantes.
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