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El 1 de septiembre comenzó oficialmente la actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), creada por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, sobre la protección de las personas que informen de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La AIPI asume competencias en materia de canal externo, protección y apoyo al informante, así como potestad sancionadora. Desde este momento, cualquier persona que detecte una infracción en el seno de una organización, dentro de los supuestos contemplados en el artículo 2 de la citada ley, puede comunicarla a través del canal interno de la empresa o directamente ante la AIPI o el organismo autonómico competente, en caso de que éste se haya constituido.
Se trata, en definitiva, de un avance significativo en la aplicación de la Ley 2/2023, orientado a sacar a la luz posibles irregularidades y garantizar la protección efectiva de los denunciantes frente a cualquier tipo de represalia.
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