En el BOE de 21 de marzo de 2026 se ha publicado el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que articula un conjunto de medidas de carácter energético, social, económico y laboral como respuesta al impacto derivado de la crisis en Oriente Medio. La norma no solo introduce ayudas y mecanismos de alivio inmediato, sino que incorpora obligaciones relevantes para empresas y autónomos, especialmente en materia de empleo y organización interna.
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El Real Decreto-ley 7/2026 surge como respuesta al impacto económico derivado del conflicto internacional iniciado el 28 de febrero de 2026, cuya consecuencia más inmediata ha sido el encarecimiento y la volatilidad de los precios energéticos.
El Gobierno adopta un enfoque dual: por un lado, medidas de contención a corto plazo —bonificaciones, ayudas y flexibilización de contratos— y, por otro, decisiones de carácter estructural orientadas a reducir la dependencia energética y reforzar la resiliencia económica.
La norma prorroga durante todo el ejercicio 2026 los descuentos del bono social eléctrico, fijándolos en el 42,5 % para consumidores vulnerables y en el 57,5 % para vulnerables severos.
Asimismo, se incrementa la ayuda mínima del bono social térmico hasta 50 euros y se dota con 90 millones de euros adicionales esta prestación.
Se mantiene, además, la prohibición de corte de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026.
Clave práctica. Se consolida un modelo de protección reforzada que previsiblemente seguirá presente en futuros escenarios de crisis energética.
Hasta el 31 de diciembre de 2026, autónomos y empresas podrán modificar sus contratos de suministro eléctrico con mayor flexibilidad, especialmente en relación con la potencia contratada.
En el ámbito del gas natural, se permite:
Estas medidas permiten adaptar el consumo energético a la realidad económica de cada actividad.
Se incorporan medidas específicas para sectores especialmente afectados por el incremento de costes energéticos.
Atención. El acceso a estas ayudas puede implicar obligaciones laborales y de mantenimiento de empleo que deben analizarse previamente.
El artículo 62 establece que las empresas beneficiarias de ayudas no podrán despedir por causas relacionadas con la crisis energética (ETOP o fuerza mayor) hasta el 30 de junio de 2026.
Esta limitación afecta también a:
El incumplimiento puede conllevar:
Se reduce de 24 a 12 meses el plazo para implantar planes de movilidad sostenible en:
Estos planes deberán incluir medidas como:
El artículo 64 establece que las empresas obligadas a implantar planes de movilidad que, además, reciban ayudas, deberán reintegrarlas en caso de incumplimiento.
Se refuerza así la vinculación entre ayudas públicas y obligaciones empresariales.
La norma incluye también:
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