Nuevas competencias para los Juzgados de Violencia sobre la mujer

Como novedad relevante en el ámbito de la jurisdicción penal, derivada de la
Ley 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, desde el pasado 3 de octubre los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer (VIDO)
han visto ampliadas sus competencias.

En concreto, estos órganos judiciales asumen ahora la instrucción de los delitos de violencia sexual cometidos contra la mujer,
entre los que se incluyen los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, siempre que la persona ofendida sea mujer (art. 89.5 h) LOPJ).

Esta ampliación competencial implica que los Juzgados de VIDO dejarán de limitar su actuación a los delitos cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, lo que permitirá descongestionar parcialmente a los Juzgados de Instrucción,
mediante una redistribución más especializada de la carga de trabajo en el orden penal.

Como consecuencia directa, se prevé un incremento significativo del volumen de asuntos tramitados por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, razón por la cual la reforma contempla la creación de nuevas plazas judiciales, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficaz del servicio público de justicia.

Estos cambios no afectarán a los procedimientos que ya se encuentren en tramitación. No obstante,
resulta previsible una nueva situación de saturación judicial, especialmente en un contexto ya tensionado por la reciente implantación de los
Tribunales de Instancia.

La reforma también tiene incidencia en el orden civil, al atribuir a estos juzgados competencias en expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de
persona y familia, así como en el reconocimiento de la eficacia civil de resoluciones o decisiones
eclesiásticas en materia matrimonial, y en el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en asuntos de menores y familia
(art. 89.6 LOPJ).

Asimismo, la Ley 1/2025 prevé la creación de Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuya regulación queda pendiente de desarrollo mediante un futuro Real Decreto.

En definitiva, todas estas medidas responden a un objetivo común: reforzar la protección de la igualdad y de las personas especialmente vulnerables, mediante una reorganización estructural del sistema judicial.