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Despacho especializado en consultoría a empresas familiares, fiscales, contable y financieros.
Doctors Trias i Pujol, 6-8 entlo.
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Tras varias semanas de incertidumbre parlamentaria, el Gobierno ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto-ley
centrado exclusivamente en la revalorización de las pensiones, separando esta medida del resto de iniciativas
incluidas en el denominado “escudo social”.
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 3 de febrero, ha aprobado un Real Decreto-ley que consolida la
actualización de las pensiones y prestaciones públicas para 2026. Aunque el incremento ya se venía aplicando
desde enero, el texto fija el marco completo para todo el ejercicio e incorpora también medidas relevantes en
materia de Seguridad Social y cotizaciones.
En conjunto, la medida alcanza a cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones, incluyendo pensiones contributivas,
no contributivas, Clases Pasivas, Ingreso Mínimo Vital y determinadas ayudas familiares vinculadas a discapacidad.
Conviene tener presente que no todas las pensiones evolucionan al mismo ritmo ni por los mismos motivos. Un porcentaje
general puede inducir a error si no se revisa el tipo de prestación concreta.
Las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social y las de Clases Pasivas del Estado se incrementan,
con carácter general, un 2,7%. Este porcentaje no es casual: responde al IPC medio calculado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, conforme a la fórmula legal vigente.
Con esta actualización se cumple el compromiso asumido en la Ley 20/2021, que reforzó la revalorización automática de las pensiones para evitar pérdidas de poder adquisitivo.
En términos prácticos, el incremento equivale aproximadamente a unos 570 euros más al año en una pensión media de jubilación, y a alrededor de 500 euros anuales en la pensión media del sistema.
La revalorización se aplica sobre la cuantía reconocida, y no sobre una pensión máxima teórica. En pensiones más altas, el efecto puede verse limitado por los topes existentes.
En este bloque se concentran los incrementos más intensos. El Gobierno mantiene la senda de mejora iniciada en ejercicios anteriores, con subidas claramente por encima del IPC.
Estas cifras responden a una política orientada a reforzar las rentas más bajas y las situaciones de mayor vulnerabilidad económica.
En muchas prestaciones mínimas y no contributivas, el acceso y la cuantía final dependen de los ingresos del conjunto del hogar, no únicamente de los del titular.
Algunas cifras ayudan a dimensionar el impacto real de la medida:
Estas cuantías pueden verse afectadas por incompatibilidades, límites de rentas o concurrencia con otras prestaciones.
El complemento destinado a corregir la brecha de género en pensiones también se revaloriza un 2,7%, aplicándose sobre la cuantía ya reconocida en 2025.
Sigue siendo una figura relevante en muchas pensiones de jubilación y viudedad, especialmente cuando existen trayectorias laborales
interrumpidas.
No obstante, el complemento no se reconoce automáticamente en todos los casos y puede requerir solicitud o revisión si cambian las circunstancias personales.
El Real Decreto-ley no se limita a actualizar pensiones. Incluye también ajustes que afectan a colectivos concretos y a la gestión del sistema:
Los cambios en cotización pueden tener efectos indirectos sobre pensiones futuras, especialmente en carreras laborales cercanas a la jubilación.
La revalorización de las pensiones en 2026 busca proteger el poder adquisitivo, pero introduce diferencias relevantes entre colectivos.
Mientras algunas pensiones suben de forma moderada siguiendo el IPC, otras registran incrementos mucho más elevados.
Desde una perspectiva práctica, es recomendable revisar cada caso: tipo de pensión, situación familiar, límites de ingresos y posibles incompatibilidades. En materia de pensiones, los detalles suelen importar más que los titulares.
Para cualquier duda o aclaración sobre cómo puede afectar esta revalorización, puede consultarse con un despacho profesional.
Un cordial saludo,
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